La fosa común del municipio onubense de Nerva, en la cuenca minera de Riotinto, es la que a priori cuenta con mayor número de represaliados del franquismo de toda España en zona rural. Aunque en un principio la Junta de Andalucía avalaba la cantidad de hasta 1.500 desaparecidos en esta zona durante los primeros meses de la guerra civil, el reciente estudio de delimitación y localización realizado por un equipo multidisciplinar en el cementerio municipal a instancias de la propia Administración autonómica ha determinado que sólo se tiene constancia oficial de 221 ejecutados, aunque esta cantidad puede verse incrementada en la siguiente fase de exhumación de los restos, que actualmente no tiene fecha prevista de puesta en marcha.

Ninguna de las próximas 27 actuaciones anunciadas por el Gobierno de Susana Díaz será en la provincia onubense

Pese a todo, fuentes de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía han confirmado a Diario16 que la Administración autonómica está elaborando un contrato simplificado para el proyecto que resulte elegido del proceso de licitación de la exhumación. No hay presupuesto asignado por el momento del total de 600.000 euros que tiene aprobado este departamento de la Junta para 2018. La delimitación y localización de la fosa de Nerva, dirigida por el arqueólogo Andrés Fernández Martín entre los meses de noviembre y enero pasados, contó con un presupuesto de 21.000 euros.

La cuenca minera de Riotinto fue una de las zonas de todo el país que más intensamente sufrió durante los primeros meses del golpe de estado de 1936 la represión franquista debido a su efervescente actividad obrera y sindical. Varios expertos en la historia reciente de esta zona coinciden en que esta comarca minera contabilizó “muchos más de 1.400 ajusticiados”, cifra dada oficialmente por buena por parte de las distintas administraciones según diferentes estudios y testimonios.

La duda surge cuando se intenta ubicar el lugar donde pueden reposar los restos de estos numerosos represaliados, ya que probablemente puedan estar diseminados en otras zanjas comunes repartidas por otros municipios de la cuenca minera, como Riotinto o El Campillo.

Haber podido llegar a esta fase previa a la exhumación de esta importante cantidad de represaliados del franquismo no ha sido fácil ni tampoco corta en el tiempo. La fosa común de Nerva, de unos cien metros cuadrados y situada en el interior del camposanto municipal, fue declarada Lugar de Memoria Histórica en 2012, la primera de la provincia en obtener esta distinción. Desde esa fecha hasta el pasado noviembre de 2017 en que comenzaron los trabajos de localización y delimitación de las fosas, muy poco se avanzó en este proceso, que se hace interminable ahora que la Administración autonómica ha decidido ponerse al frente de las actuaciones, junto a otras instituciones como las diputaciones provinciales.

Trabajo arqueológico de localización de la fosas comunes de Nerva, a finales de 2017.
Foto: Onda Minera.

Otro paso institucional ha sido la firma, el pasado 2 de agosto en Nerva, del convenio marco entre Junta de Andalucía y Diputación de Huelva para el “desarrollo de acciones encaminadas a la recuperación de la memoria histórica” en esta provincia, y especialmente las orientadas a la localización y exhumación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

El documento firmado en el municipio onubense es el cuarto convenio de estas características, tras los suscritos con las diputaciones de Cádiz, Sevilla y Granada, algo que según la Junta demuestra su compromiso “firme” con la recuperación de la memoria histórica en Andalucía. A efectos prácticos, este acuerdo entre Junta y Diputación de Huelva tiene escaso peso ya que desde la corporación provincial se descarga cualquier responsabilidad sobre la Administración autonómica, que evidencia la lasitud en el empeño pese a las buenas intenciones oficiales.

La provincia de Huelva ha desenterrado sólo 53 cuerpos de represaliados en los últimos 15 años

Pese a la decidida declaración de las autoridades autonómicas y provinciales, el balance oficial de actuaciones hasta ahora no es nada espectacular, según los datos de la propia Administración autonómica: en los últimos 15 años, desde 2003 al presente año, se han realizado diez intervenciones en fosas de la provincia de Huelva, que han permitido la recuperación de 53 cuerpos de represaliados por los franquistas, apenas tres cada año. Un ritmo de trabajo que choca frontalmente con el imponente trabajo que tendrían que desempeñar los expertos en la exhumación de la fosa común de Nerva, donde existen evidencias de más de 200 ejecutados en la tapia del cementerio municipal en los primeros meses de la guerra.

Las localidades de la provincia donde se han realizado actuaciones son: Valverde del Camino, Niebla, Zalamea la Real, Calañas, Encinasola, Puebla de Guzmán, Huelva y Nerva. A este ritmo de trabajo, y extrapolándolo al caso de la fosa de Nerva, con al menos 221 represaliados oficiales constatados, los trabajos de exhumación se prolongarían durante unos 62 años aproximadamente, un periodo de tiempo que podría acortarse ostensiblemente si la Administración autonómica decide poner verdadero empeño y medios económicos y físicos para acelerar el proyecto.

Cuando en 2011 las asociaciones de memoria histórica comenzaron a facilitar a la Junta de Andalucía los datos recogidos durante años con escasos medios, el mapa de la mayoría de lugares de fusilamientos colectivos en Andalucía se circunscribía a las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz. Más de la mitad de los más de 600 paredones localizados en la comunidad autónoma pertenecen a estas provincias y la mayoría son del comienzo de la guerra. Después de Sevilla, Huelva es la provincia con más lugares de represión constatados: 130 la primera, 120 la provincia onubense.

La fosa común de Nerva alberga al menos 221 ejecutados por los franquistas a comienzos de la guerra, lejos de los 1.500 estipulados por la Junta.

La Dirección de Memoria Democrática de la Junta asegura que la provincia de Huelva ha experimentado un incremento “muy importante” durante la presente legislatura en la recuperación de la memoria histórica a partir de las intervenciones en fosas, ya que han aumentando “considerablemente” las solicitudes para la localización y delimitación, exhumación y estudio antropológico, e identificación genética, hasta en 13 municipios de la provincia, tras una intensa y estrecha colaboración de familiares, entidades memorialistas y administraciones implicadas.

La Junta ultima el contrato y la licitación del proyecto para desenterrar los restos en el cementerio de Nerva

La presentación de estudio de localización de represaliados en la fosa de Nerva el pasado 2 de agosto coincidió con el anuncio por parte del vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, de la publicación en el BOJA de nuevas intervenciones en fosas de 27 municipios de Andalucía, ninguno de ellos en la provincia de Huelva. Jiménez Barrios apela al “rigor” y a “los análisis científicos” para avalar lo que considera una ley “muy potente” que “tiene enemigos”, según el número dos del ejecutivo de Susana Díaz, lo que según el vicepresidente “no permite el más mínimo error” en su ejecución.

El pasado 2 de agosto el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) recogía el anuncio que autoriza la intervención en fosas situadas en 27 municipios de Andalucía pertenecientes a las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. Otras futuras actuaciones previstas por la Dirección de Memoria Democrática de la Junta serán en las fosas de Jerez, en Cádiz, y El Campillo, en la cuenca minera onubense, donde los expertos señalan otro foco importante de represaliados durante los primeros meses de la guerra civil.

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