La Concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha tachado de trato “cruel, degradante e inhumano” obligar a las mujeres que interrumpen su  embarazo antes de la semana 12 de gestación a hacerlo “con dolor” o a pagar de su bolsillo el coste de la sedación. Es “aberrante” que tengan que abonar entre 90 y 100 euros para pagarse la anestesia, tal y como ha denunciado la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia (ADSP-RM).

Con su decisión de no financiar la anestesia en los abortos quirúrgicos, la Consejería de Salud del Gobierno murciano también alienta la “inseguridad jurídica médica” ya que fuerza a los ginecólogos a incumplir la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, así como  el propio Código de Ética y Deontología Médica,  lo que supondría “incurrir en falta disciplinaria tipificada en los Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial”. Esto podría afectar a los facultativos de las cinco clínicas concertadas que realizan interrupciones voluntarias del embarazo en la Región de Murcia, una de ellas radicada en Lorca.

Martín recordó que en la Región se practican más de 3.000 abortos al año –es la sexta comunidad con mayor tasa por cada mil mujeres–  de los que prácticamente el 90% son derivados a estas clínicas concertadas. “La excusa oficial es la objeción de conciencia del personal sanitario, pero la realidad es que el Servicio Murciano de Salud se niega a poner los medios suficientes para garantizar que este servicio sanitario reconocido se pueda practicar en los centros públicos de manera segura, gratuita y respetando el criterio de proximidad”, dijo. En ese sentido, recordó que algunas mujeres son derivadas a Madrid para ser sometidas a un legrado. “En una situación de gran vulnerabilidad las mandan a 400 kilómetros con un billete de tren, lo que infringe un terrible desamparo por parte de las autoridades sanitarias regionales”, lamentó.

Según la edil de IU-Verdes, la causa de todo ello es “puramente ideológica”. “Utilizar el dolor de las mujeres como moneda de cambio para contentar a los sectores más integristas del Partido Popular y a la Iglesia Católica es indecente”, aseguró Martín quien también criticó el “silencio cómplice” de Ciudadanos, que sustenta al PP en el Gobierno murciano. “Elegir sobre nuestra maternidad es un derecho fundamental de las mujeres y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios”, aseguró.

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