La concentración bancaria es un proceso que viene de lejos pero que ha aprovechado la crisis económica de 2008/2018 y la pandemia que se desató a principios de 2020, para acelerar la marcha hacia el oligopolio, a costa del dinero público.
En las tres últimas décadas del siglo XX, el Estado saneó bancos, cuyo negocio hoy está integrado en las actuales entidades, por valor de 8.564 millones de euros. De esta cifra, recuperó 5.457, el 63,7%:
- En la década de los 70, fueron auxiliados con dinero público cuatro bancos, con un coste para el Estado de 224,2 MM€, entre ellos el Banco de Valladolid que fue absorbido por Barclays Bank. Y Barclays Bank fue adquirido por “la Caixa” en 2014.
- En los 80, el erario público metió dinero por valor de 3.380 MM€, de los que solo recupero la mitad. En aquella década fueron saneados 16 bancos y 5 cajas de ahorros. Entre los bancos más conocidos se encontraban: Banca Catalana, en la que los contribuyentes perdieron 502 MM€; Banco Urquijo Unión, que tuvo un coste de 232,6 MM€; o Banco de Levante, que nos costó 148,2 MM€. En esta década habría que sumar la expropiación de RUMASA y sus 18 bancos, que se repartieron los, por aquel entonces, 7 grandes: Santander, Central, Hispano Americano, Popular, Banesto, Bilbao y Vizcaya.
- En la década de los 90, el gasto del Estado ascendió a 1.261 millones de euros, para sanear cuatro cajas de ahorros y cuatro bancos. El más sonado fue Banesto, hoy engullido por el Banco de Santander, que se llevó el 93% de todo el montante.
Solo en el cogollo de la crisis financiera e inmobiliaria, en el lustro 2010-2015, se inyectaron 65.725 millones de euros (54.353 del Estado + 11.372 del Fondo de Garantía de depósitos). Bankia, que fue el producto de 7 cajas: Caja Madrid, Bancaja, Caja Canarias, Caja Ávila, Caixa Layetana, Caja Segovia y Caja Rioja, costó a todos los contribuyentes 22.424 MM€. A esta ingente cantidad de dinero público hay que añadir los 1.645 MM€ que se inyectaron en BMN, fusionada con Bankia en 2018. De todo este dineral, el Estado ha asumido, sin contar con quienes lo pagaron, que no recuperará más del 10%.
La concentración bancaria no solo ha dejado un rastro de deuda en el Estado, ha destruido casi 120.000 puestos de trabajo (contando con los más de 18.000 anunciados en los últimos ERE) y ha dejado sin servicio básico bancario a la mitad de los municipios del Estado español.
Con todos estos datos, resulta insultante que desde el Gobierno solo hayan señalado: «que ven “inaceptables” los sueldos y bonus que cobran los directivos de banca». La respuesta es cínica, pues el Gobierno podría, aún hoy, hacer valer el 14% de las acciones que posee en la nueva Caixabank (a partir del 61% que tenía de la propiedad de Bankia). Si lo ve tan “inaceptable”, podría nacionalizar la nueva entidad, no para competir en el mercado como uno más sino para dar respuesta a la exclusión financiera que han generado las entidades privadas, para proteger los intereses de los pequeños ahorradores y depositantes, a quienes las entidades privadas están esquilmando a base de comisiones. Para gestionar el grave problema social de vivienda que vive nuestro país… Se ha configurado un oligopolio financiero y el Estado ha pagado la fiesta. Es un problema político de primer orden, al que los partidos que se reclaman de la izquierda y los sindicatos debieran dar una respuesta contundente, más allá de simples declaraciones mediáticas.
