Ha sido durante una entrevista realizada en RAC1 donde el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, ha expuesto que el Consell de la Generalitat dará salida a la ley de convocatoria del referéndum el 1 de octubre. Así se manifieste el Tribunal Constitucional en contra una vez que, como dijo Mariano Rajoy, el Gobierno de España presente recurso de inconstitucionalidad en el TC.

Lo que para Rajoy es “una patada al sistema democrático”, para Rull entiende que lo primero es “obedecer una ley emanada de un Parlamento legítimo y democrático”. Además añade el conseller que esta convocatoria estaría refrendada por dos principios del Derecho Internacional: el principio democrático; y el derecho de excepción. Se acogerían los miembros de Junts pel Sí y la CUP a la emanación democrática de la Cámara catalana, recipiente de la voluntad general de los catalanes, y a la excepcionalidad de la petición de un referéndum de independencia.

Rull ha indicado que el Govern cumplirá con su compromiso ineludible de “votar el 1 de octubre” pues el Gobierno de Rajoy se ha negado, de aquí la excepcionalidad, “a pactar un referéndum como los celebrados en Quebec y Escocia”. Siguiendo en la misma línea, Rull ha dicho que “cuando tú has probado de buena fe, de todas las maneras posibles de acuerdo con el derecho español, poder acordar unas urnas, estás legitimado para poner estas urnas de acuerdo con una ley propia”.

Hacen referencia estas palabras del conseller a las distintitas vías que, tanto Puigdemont en su reunión con Rajoy, como posteriormente las charlas entre los enviados de Sáenz de Santamaría y los miembros del Govern, siempre han ido en la misma dirección. Han ofrecido dinero y más dinero para las arcas catalanas pero han rechazado cualquier diálogo que fuese más allá del dinero y las inversiones. Cada vez que Soraya Sáenz de Santamaría acudía a Barcelona, llevaba a su despacho una nueva oferta de dinero para la Generalitat. Incluso, según cuentan fuentes internas del Partido Popular, se les ha llegado a ofrecer una especie de “cupo catalán”, pero siempre lo han rechazado aduciendo que “esta vez el dinero no resolvería todo”.

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