El Caso Banco Popular es una de las causas más difíciles con las que se ha tenido que enfrentar la Justicia española en toda su historia. La complejidad de la operación, con la connivencia necesaria de todo el aparato económico del Estado español y de la Unión Europea, además del elevado número de afectados, hace que las instituciones del tercer poder se hallen en la tesitura de implantar una línea de investigación que haga justicia llegando hasta el fondo de la cuestión —para ello la Audiencia Nacional ya cuenta con la documentación presentada por Diario16— o mantenerse en la actitud pasiva que ha desarrollado hasta ahora, lo que, por desgracia, favorece a todos los implicados en la operación, desde los inductores, pasando por los ejecutores y terminando en el único beneficiario.
Han pasado ya diecinueve meses desde que las instituciones europeas decidieron resolver al Banco Popular. En todo este tiempo, la Justicia española ni siquiera ha llamado a declarar a los ex presidentes Ángel Ron, Rodrigo Echenique y, principalmente, a quien la llevó a la resolución por generar una grave crisis de liquidez, Emilio Saracho, tal y como han reconocido Deloitte, el Banco de España, la CNMV, el Banco Central Europeo, el FROB, el Santander y la Junta Única de Resolución. Tampoco se ha adoptado ningún tipo de medida cautelar que, tal y como reconoció el ex juez Elpidio Silva a Diario16, «La instrucción no va ni muy lenta ni muy rápida, es que no va, no existe. Esto es inconcebible. A día de hoy, en los elementos de prueba que podríamos utilizar para hacer una investigación, que yo sepa, que no se ha hecho nada. Las diligencias son secretas, no se han llevado a cabo intervenciones de fuentes de datos de la entidad respecto de las comunicaciones de los ejecutivos antes de que se produjera la intervención. No ha realizado una investigación acerca de la gestión bancaria previa a los hechos que ha determinado la caída de un banco como el Popular», para añadir más adelante en referencia a cómo llevó la instrucción Fernando Andreu, «en realidad, parece que no se quiera saber qué sucedió en este caso».
Esta última frase es definitoria de la sensación que tienen tanto los abogados como los afectados. El paso del tiempo está provocando que se haya generado un escenario de tierra quemada por la que el Santander está beneficiándose directamente de una operación que, según la documentación publicada por Diario16, está plagada de irregularidades que, de momento, no han provocado la reacción inmediata de la Justicia como sí ha ocurrido en otras causas.
¿Hay miedo en los órganos judiciales a tomar decisiones contrarias a todos aquellos que estuvieron, directa o indirectamente, implicados en la operación? El propio Elpidio Silva nos dio la respuesta a esta pregunta: «en un país en el que el poderoso pueda pensar que la Justicia le va a favorecer, llegarán hasta el final. Si no se prevé que la Justicia vaya a responder, y no está respondiendo, el banco está tranquilo. Esto hace que el propio magistrado esté muerto de miedo porque lo que me ocurrió a mí con Blesa ha dejado una sombra demasiado alargada».
En toda esta situación, además, tienen un papel muy importante los despachos de abogados que tienen conflicto de interés con el Santander y que, sin embargo, ocultaron dicho aspecto cuando estaban captando afectados para crear plataformas para presentar demandas colectivas. Casualmente, alguno de estos despachos son los que están logrando importantes acuerdos extrajudiciales con el Santander para sus clientes más importantes como, por ejemplo, la Sociedad Cooperativa General Agropecuaria Acor y la Sicav Pritur Inversiones quienes, junto a otros treinta y un afectados, ya han logrado pactos con la entidad cántabra.
Sin embargo, el banco presidido por Ana Patricia Botín continúa atacando a otros afectados que no tienen la cobertura legal que los que ya han conseguido esos acuerdos extrajudiciales. Según fuentes consultadas por Diario16, el Santander podría estar ejecutando préstamos a clientes del Popular que contrataron créditos para la compra de acciones en las ampliaciones de capital, por medio de la figura jurídica de ejecución de títulos no judiciales.
Por tanto, mientras la Justicia no actúe de manera definitiva y definitoria —algo que no ocurrirá hasta pasados varios meses para que el juez José Luis Calama Teixeira se ponga al día—, el Santander continuará aprovechándose impunemente del Banco Popular.
