El diputado almeriense del parlamento andaluz, Rodrigo Sánchez, ha expuesto el plan detrás de la tramitación de la Ley de Tanteo y Retracto. Esta nueva norma, de la que saldrán beneficiadas miles de familias andaluzas, permitirá a la Junta utilizar el derecho de compra preferente de las propiedades que se encuentren en fase de desahucio. Una vez adquiridas pasarán a formar parte del Parque Público Autonómico y las familias y personas podrán seguir disfrutándolas mediante el pago de un alquiler social.

El diputado socialista recuerda que las familias vienen siendo acompañadas durante todo el proceso gracias al Sistema de Asesoramiento en materia de Desahucios. Con la nueva ley en marcha esas familias, que están bajo el martirio de una situación económica sobrevenida, podrán permanecer en su vivienda. Esta ley, según el diputado almeriense, “completa un amplio abanico de herramientas que sitúa a Andalucía como una de las regiones más avanzadas de Europa en la defensa del derecho a una vivienda digna y en la lucha contra los desahucios”.

La norma va dirigida, de forma especial, a los más vulnerables y, por ello se aplicará a las personas que el Plan de Vivienda incluye en el Grupo de Especial Protección y que cuentan con un informe de los Servicios Sociales comunitarios que acredita su situación de vulnerabilidad. También son objeto de esta nueva ley las personas y las familias que han sido desposeídas de su vivienda habitual por situaciones de impago de su hipoteca o de la renta de alquiler, las que están en situación de desempleo, cuando esto conlleve encontrarse en riesgo de exclusión social, las familias con ingresos por debajo del umbral de pobreza y las que se encuentren en situación o riesgo de exclusión social.

El consenso ha sido la tónica de la realización de la Ley que se está tramitando. El diálogo, la prudencia y la intervención de muchas partes ha servido para evitar confrontaciones añadidas al igual que pasó con la Ley de la Función Social de la Vivienda. El resultado, según Sánchez, es que sea una ley de alta utilidad y para todas las personas. El Gobierno andaluz “siempre ha tenido claro que debe responder ante este problema con todas las herramientas a su alcance”, ha asegurado el parlamentario socialista.

Garantizar un derecho fundamental como la vivienda ha estado y está, según los socialistas, en el ánimo de su acción de gobierno en Andalucía. Así “esta Legislatura hemos aprobado la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria sobre la Vivienda y el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, que tiene entre sus objetivos principales evitar la pérdida de la vivienda principal por las familias andaluzas”, ha enumerado Rodrigo Sánchez.

Gravedad de los casos Amat y Olula

En otro orden de cosas, Rodrigo Sánchez, como representante de la provincia de Almería, no ha dejado la escapar la oportunidad de comentar lo que está sucediendo con la corrupción del PP almeriense. Cree que tanto Gabriel Amat como Miguel Ángel Castellón están tardando en dar las oportunas explicaciones sobre las investigaciones de la Guardia Civil y lo acontecido en Olula del Río.

“Creo que es una circunstancia de especial gravedad y que deben explicar lo ocurrido” tanto los investigados como el presidente de la diputación. Si ambas instituciones están siendo investigadas por orden del juzgado de Purchena, ambas instituciones deben responder a las pertinentes aclaraciones. Amat, en opinión de Sánchez, “ya debía haber hablado y haber explicado qué ha ocurrido puesto que los hechos sucedidos son muy graves”. Tiene que explicar cómo es posible que se adjudique una obra después de haberse realizado.

Además, se da la circunstancia, ha subrayado Sánchez, de que el alcalde ahora investigado por su gestión al frente del Consistorio de Olula del Río, Antonio Martínez, posee una “trayectoria cuando menos sospechosa” al estar “condenado por lo contencioso por vulneración de los derechos fundamentales de alcaldes del Levante, Los Vélez y el Almanzora” como presidente del consorcio de Levante-Almanzora-Los Vélez.

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