Ni el mejor guion de una película de Ken Loach podría plasmar de mejor manera la cruel realidad que viven los autores y los editores de España. La SGAE, desde que saltó el escándalo por la gestión de Teddy Bautista y José Luis Rodríguez Neri en el año 2011 sólo vive para ser protagonista de escándalos y de tramas de poder que no se han visto ni siquiera en las temporadas más complejas de Juego de Tronos.

La razón de que esto ocurra es muy simple: personas no profesionales o sacadas de su ámbito profesional gestionan más de 400 millones de euros al año, dinero que corresponde a los autores e intérpretes musicales. Se calcula que más del 70% de esos fondos son cobrados por un porcentaje de artistas que no llega al 2%. Además, mucho de ese dinero se ha llegado a utilizar para la realización de negocios paralelos que nada tenían que ver con la gestión de derechos de autor o que en nada beneficiaban a los artistas.

El último escándalo ha sido la moción de censura planteada contra el músico José Ángel Hevia y que ha tenido como consecuencia que la soprano Pilar Jurado se convierta en la nueva presidenta, la segunda mujer en ostentar dicho cargo tras la dramaturga Ana Diosdado. Sin embargo, cuando apenas han pasado unas horas de dicho relevo, ya hay voces internas de la SGAE que dudan de la capacidad de gestión de la cantante lírica. Esto es lo que ha provocado que el colegio de pequeño derecho, el que la ha aupado a la presidencia, a pretender delimitar sus poderes para tener una especie de órgano colegiado.

A priori, ¿qué capacidad de gestión podría atesorar Pilar Jurado que la diferencia de sus predecesores? En principio, ninguna, porque se trata de una artista sin experiencia en la gestión económica de una sociedad que, como decíamos, mueve al año más de 400 millones de euros.

Esta es la razón por la cual es fundamental que el ministro de Cultura, José Guirao, intervenga definitivamente, no sólo la SGAE, sino todas y cada una de las sociedades de gestión de derechos de autor para que los artistas, del ámbito que sean, tengan la seguridad de que sus royalties están gestionados por profesionales acostumbrados a manejar grandes presupuestos.

Por tanto, si han pasado apenas unas horas de la llegada de Pilar Jurado a la presidencia de la SGAE y ya existen dudas o se quiere limitar su poder, es el mejor ejemplo de que no se puede esperar ni un minuto más a la hora de que los derechos de autor estén gestionados por el ministerio de Cultura. Los artistas, los creadores culturales, no merecen continuar con un modelo que no ha generado más que problemas o que ha convertido en quienes deberían ser los garantes de los royalties de los artistas en los chiringuitos políticos de quienes en el pasado regaron de prebendas a estas sociedades.

Pedro Sánchez aún está a tiempo de tomar decisiones que, si le generan alguna duda, no debe más que consultarlo con su círculo más íntimo, puesto que ahí obtendrá una respuesta por parte de alguien que conoce la verdadera realidad de lo que ocurre en SGAE y en otras sociedades y chiringuitos culturales.

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