República Dominicana, desde hace más de una década, ha exigido la existencia en su territorio de una justicia independiente que trabaje para hacer cumplir los estatus establecidos en la Constitución. Una justicia que no sea aplicada solo a los más débiles, sino a cada ciudadano sin distinción de clase social, cargos empresariales o políticos.
El pueblo dominicano manifestaba sentirse huérfano de justicia, pero su esperanza estaba puesta en poder cambiar la realidad eligiendo a un presidente que hiciera cumplir la Ley en los diferentes sectores de la sociedad, pero sobre todo en la administración pública, por considerarse que era en donde más quedaban impunes los casos de corrupción.
Desde antes de ser presidente, Luis Abinader propiciaba cumplir lo anhelado por la ciudadanía dominicana y, desde que asumió el poder en agosto de 2020, inició el proceso tan esperado. Nombró a una procuradora para que trabaje haciendo cumplir con lo establecido en la Carta Magna y no las instrucciones que le pueda dar un presidente, ni ninguna otra autoridad. De igual manera el mandatario trabaja para que aquello que el pueblo ha exigido y deseado no solo se aplique durante su gobierno, sino que se haga en cualquier administración. Por eso es necesaria una reforma de la Constitución de la República Dominicana.
El trabajo del presidente Abinader no se queda ahí, sino que, para hacer que República Dominicana siga avanzando en el cumplimiento de la Ley de una manera más efectiva, ha promovido la creación de un Ministerio de Justicia. “Nuestra propuesta es que este sea el órgano responsable del manejo de los asuntos administrativos que actualmente implican una carga innecesaria para el Ministerio Público y que lo desenfocan de su rol de dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad», manifestó el mandatario.
¿El jefe de Estado dominicano ha tomado la decisión de la creación de este Ministerio a la ligera o a modo de capricho? No. Abinader es definido como un presidente abierto, que escucha a su pueblo, pero que, además, consulta con distintos sectores a la hora de implementar cuestiones de la administración pública y así sigue siendo, inclusive en este caso. Por eso instruyó a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo a abrir de manera inmediata un proceso de intercambio de consultas con la sociedad académica, gremios empresariales y profesionales, así como asociaciones enlazadas al ejercicio jurídico, como lo es como la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), para luego ser presentado el proyecto en febrero del próximo año ante el Congreso Nacional.
No ha sido en vano el apoyo que el pueblo dominicano le brindó al presidente Abinader en las urnas, con los cuales sacaron del poder al Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Abinader sigue cumpliendo.
