El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha dado instrucciones a los fiscales del Supremo y del TSJ de Cataluña para que procedan a la citación en calidad de investigados de los alcaldes que apoyan el referéndum soberanista catalán y tienen la condición de aforados por ser parlamentarios (4 de ellos diputados autonómicos y otro diputado en el Congreso).
En concreto los escritos de la Fiscalía piden que se cite a declarar ante la Fiscalía del Supremo al alcalde de Tortosa y diputado en el Congreso por PDeCat, Ferrán Bel, y ante la del TSJC a los diputados autonómicos y alcaldes de Mollerusa, Seu d’Urgell, Valls y Vilanova i la Geltrú, Marc Solsona, Albert Batalla, Albert Batet y Neus Lloveras, respectivamente.
Sin embargo, en la Consulta 1/2005, “Sobre competencia de las Fiscalías para tramitar diligencias de investigación que afecten a personas aforadas” de la Fiscalía General del Estado, se llega a la conclusión de que, cuando se trate de aforados “si el investigado decide no comparecer ante el Fiscal, la exigencia del art. 5 EOMF respecto de su declaración quedará cumplida con el ofrecimiento de la posibilidad de efectuar voluntariamente esa manifestación”, sin que se pueda ordenar su detención, salvo el caso de “flagrante delito” o por orden de Juez competente.
Además, como ya adelantó Diario16, la sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo dictada en el caso de la Jueza Rosell pone en entredicho que la Fiscalía pueda siquiera investigar a personas aforadas cuando, para ello, tenga que preconstituir prueba y recibir declaraciones, para las cuales solo es competente el órgano judicial al que la Ley atribuye la competencia de la instrucción, que desde luego no es el Ministerio Fiscal.
Esta nueva vuelta de tuerca de Maza podría provocar la nulidad de todas las declaraciones de los aforados, y generar aún más tensión en el asunto catalán.
