Como muchos nos temíamos, el tan aclamado Pacto de Estado contra la Violencia de Género se ha quedado muy corto respecto a las verdaderas necesidades de protección de las mujeres de este país. En este sentido las medidas aprobadas en la Subcomisión deberían haber ido hacia la versión más maximalista y no quedarse en el medio. La protección de las mujeres está por encima del consenso, de las ideologías o del modo de entender personal que cada uno pueda tener respecto al tema. Estamos hablando de la vida de millones de mujeres y de millones de menores que, gracias al texto aprobado, quedan nuevamente indefensos.
En primer lugar, hay carencias en lo referido al tema judicial porque en este país hay verdadero problema con la Justicia en lo referido a la violencia que se ejerce sobre las mujeres, tal y como hemos comprobado esta semana con el caso de Juana Rivas y la decisión adoptada por una jueza de violencia de género de que tenía que entregar a sus hijos a su verdugo. Otro de los aspectos que se han quedado fuera han sido las reformas legislativas necesarias para que las víctimas no sean revictimizadas o mal protegidas. En este aspecto la no inclusión de la derogación o modificación del artículo 416 es significativa. Este artículo da derecho a la víctima a que no declare en contra del maltratador. En muchas ocasiones la mujer no declara contra su verdugo por miedo o por no tener una salida. La no declaración, si no hay más pruebas de cargo, provoca la absolución del criminal y, sobre todo, una mayor desprotección para la mujer.
En segundo lugar, todo lo relacionado con la violencia sexual ha quedado demasiado inconcreto y es fundamental para la protección de las mujeres. Las mujeres no denuncian por miedo.
En tercer lugar, el caso de Juana Rivas ha demostrado que la protección a los menores cuya madre es víctima de violencia también son víctimas. Por esto es fundamental que, en cuanto hay una denuncia por maltrato, al padre le sea retirada de inmediato la patria potestad. Esto también ha quedado inconcreto.
En cuarto lugar, se han dejado fuera aspectos que son violencia hacia las mujeres: la prostitución y la maternidad subrogada. Ambos puntos tienen relación porque se mercantiliza el cuerpo de la mujer. Con la prostitución se realiza una transacción comercial para satisfacer los deseos sexuales. Con la maternidad subrogada se paga para satisfacer los deseos de maternidad que pueden ser satisfechos por otras vías que no sea la compra del útero de una mujer.
En quinto lugar, el presupuesto de 1.000 millones en cinco años es absolutamente insuficiente. No se puede luchar contra una lacra sin poner los medios necesarios a todas las administraciones implicadas en la lucha contra este nuevo tipo de terrorismo. Si nos encontráramos ante una amenaza de terrorismo interior o exterior los medios hubieran sido de más de 5.000 millones al año. A las personas que estaban amenazadas por ETA el Estado les dio protección, cosa que fue correcta, evidentemente. Sin embargo, la protección que se da a las mujeres víctimas es insuficiente como estamos viendo con las constantes transgresiones de las órdenes de alejamiento o la incapacidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado de defender a las mujeres con órdenes de protección en vigor por falta de medios materiales y humanos. Hacen falta medios para la formación de los profesionales, sobre todo de los centros de salud para que detecten casos de violencia y los denuncien; de los profesionales de las Fuerzas de Seguridad del Estado para que la denuncia no se convierta en una revictimización de la víctima; de los profesionales de la Justicia para que no se vuelvan a producir episodios tan vergonzosos como el de Juana Rivas. Hace falta dinero para que los protocolos sean realmente efectivos y que la víctima no se vea obligada a regresar a su casa junto al maltratador. Hace falta dinero para más campañas de concienciación y prevención, campañas efectivas como lo fueron en su momento las de la DGT. Hace falta dinero para que las mujeres víctimas puedan acceder a viviendas de propiedad pública para que puedan iniciar una nueva vida. Hace falta dinero para potenciar los organismos municipales que tienen un contacto más directo con las víctimas. Hace falta mucho dinero y con 200 millones al año no se llega a un mínimo de efectividad.
Hemos escuchado durante muchos meses que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género iba a ser histórico. Es histórico el consenso. La clase política necesitaba un texto para justificarse ante la sociedad, pero, realmente, lo que se ha aprobado es un acuerdo de mínimos que no va a solucionar más. Las mujeres van a seguir siendo asesinadas desprotegidas por el Estado.
