Bajan revueltas las aguas en el hasta ahora tranquilo remanso del Partido Popular de Murcia. El procesamiento del que fuera ex presidente de la Región pero que aún mantiene su acta de diputado en la Asamblea Regional y sigue siendo presidente del partido conservador ha trastocado totalmente la vida de la organización. Por esta razón, y por las presiones internas que está recibiendo Pedro Antonio Sánchez, su dimisión como presidente del PP murciano y la renuncia a su acta de diputado y, por tanto, la pérdida de su aforamiento, estarán sobre la mesa no más allá del martes.

Después de varias legislaturas gobernando con mayorías «absolutísimas» los casos de corrupción y la aparición de Ciudadanos hizo que en las elecciones de 2015 se vieran obligados a gobernar con un pacto de legislatura con el partido de Albert Rivera. El hecho de estar en minoría en la cámara regional hace que las iniciativas de la oposición se aprueben, sobre todo en lo referido a la corrupción. Este desamparo se ha visto tras el procesamiento de Pedro Antonio Sánchez y, sobre todo, está poniendo en peligro la independencia orgánica del PP murciano.

En la central del Partido Popular se está valorando muy seriamente poner una gestora al mando de la organización en Murcia integrada por Francisco Jódar, Teodoro García y José Ballesta. Esta decisión, independientemente de lo que haga Pedro Antonio Sánchez, tiene un único fin: tomar el control del PP murciano desde Madrid con dirigentes muy afines a Génova, llegando incluso a no celebrar un Congreso Extraordinario y extender el mandato de dicha gestora incluso hasta las elecciones municipales y autonómicas de 2019. Lo que no quieren en la dirección nacional del PP es que el territorio murciano se convierta en un nuevo punto negro, uno más, tras Madrid o Valencia.

El principal problema que se encuentran en el PP de la Región de Murcia es, además de limpiar su imagen, la falta de liderazgo del actual presidente de la Comunidad Fernando López Miras. Su actuación desde que sustituyó a Sánchez en la gestión temas fundamentales para Murcia como es el problema del agua o los problemas del Mar Menor ha provocado que se llegue a la conclusión de que no tiene carisma para ostentar su cargo.

La solución más fácil que podría tomar el partido conservador tras la dimisión de Sánchez sería la asunción en la presidencia popular de López Miras. Sin embargo, no lo ven plausible precisamente por la falta de liderazgo demostrada hasta la fecha. Por eso se están pensando seriamente la designación de una gestora, pero, al modo Rajoy, sin prisas, dejando que las aguas revueltas del procesamiento de Pedro Antonio Sánchez se serenen con la llegada del mes de agosto. Todo quedará a expensas del momento en que el Tribunal Superior de Justicia fije la apertura del juicio oral, instante en que el Comité de Garantías del PP nacional abrirá expediente sancionador al ex presidente, tal y como indican los estatutos, hecho que podría llevar aparejada la suspensión de militancia o, directamente, la expulsión del partido.

Sea cual sea la decisión adoptada y el momento de su ejecución, el procesamiento de Pedro Antonio Sánchez ha quebrado un poco más la vida del Partido Popular de Murcia cuando quedan menos de dos años para las elecciones. ¿Será el principio del fin de la supremacía popular en la Región de Murcia?

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