CCOO, tras celebrar asambleas en los centros penitenciarios, ha decidido no firmar el Protocolo contra la violencia en el trabajo en Instituciones penitenciarias que presenta hoy el Gobierno. Para el sindicato es inasumible firmar un plan que solo contempla las agresiones muy graves, descartando inicialmente todas las referidas a agresiones verbales y psicológicas que suponen un 90 por ciento del total. “Tampoco es aceptable que no se reconozca a las y los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, cuestión nuevamente relegada en el protocolo a una indeterminada reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria”, critican desde el sindicato.
Por otra parte, CCOO denuncia que son necesarias políticas preventivas de riesgos laborales y salud laboral frente a las agresiones al personal penitenciario. El Plan del Gobierno sigue recortando los derechos de la Ley de salud laboral para el personal de las prisiones: derechos de participación, de consulta o de intervención están limitados en una excepcionalidad no reconocida legalmente.
“La falta de participación de los representantes de salud laboral puede permitir a la Administración negar o ocultar muchas de las agresiones graves, como ha sucedido esta semana con una gravísima agresión en la prisión de Puerto II”.
En las últimas semanas, diferentes colectivos y organizaciones sindicales de personal penitenciario están manifestando con concentraciones y otras acciones su repulsa a la política penitenciaria del Gobierno, que es en última instancia la responsable de esta situación. Así, CCOO exige que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la protección de la Salud Laboral traspasen de una vez los muros de las prisiones y proteja a su personal. “Tras 22 años en vigor, ya es hora”.
CCOO recuerda que las agresiones en prisiones han tenido un crecimiento exponencial, duplicándose en los últimos cinco años. Las causas de las mismas son diversas pero, para el sindicato, guardan estrecha relación con los ajustes de los recortes que han dejado 3.000 plazas sin cubrir en las prisiones españolas.
Por otra parte, el incremento de una población penal con patologías psiquiátricas ha contribuido a esta explosión de agresiones, toda vez que en España solo hay dos centros penitenciarios para reclusos con problemas psiquiátricos. Estos centros también padecen la falta de personal, empezando por los propios psiquiatras. En el resto de las prisiones la psiquiatría no existe: no hay psiquiatra ni ninguna unidad especializada, como tampoco hay espacios de reclusión orientados a estos internos.
