El pasado mes de julio la Comisión de Selección – de la que formaba parte la mujer del Juez Llarena– tomó la polémica decisión de crear una plaza de fiscales sin tener competencia para ello y con la finalidad exclusiva de favorecer a la hija del presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, Sofía Marchena, que perdió la oportunidad de acceder a la carrera judicial con su promoción al encontrarse enferma, apareciendo ambas mujeres de esta forma como protagonistas de lo que parece claramente que fue un soborno para pagar un favor anterior: Pablo Llarena era el último de los candidatos posibles – según las propias Normas de Reparto– para instruir las causas contra aforados debido precisamente a su inexperiencia, y sin embargo el presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, permitió su designación como juez instructor en la causa del Procés.
El escándalo de los “whatsapps de Cosidó” en los que decía que poniendo a Manuel Marchena el PP controlaría “la Sala Segunda desde detrás”, es el que ha servido formalmente para justificar los escritos de recusación formulados por la defensa de los políticos catalanes de la causa del Procés, pero no ha sido el motivo de fondo.
El asunto del soborno de “la hija de Marchena” es en realidad el tema de fondo que planea sobre las recusaciones, porque de un lado pone en entredicho el sistema de elección del magistrado instructor de la causa del causa catalana, Pablo Llarena, que era el último de los candidatos posibles –según las propias Normas de Reparto– para instruir las causas contra aforados debido precisamente a su inexperiencia , y sin embargo Manuel Marchena, permitió su designación como juez instructor para que a su hija Sofía Marchena se le creara ilegalmente una plaza no presupuestada en la carrera fiscal. De otro lado, las sospechas de soborno que rodean al presidente ponen en cuestión además la imparcialidad de toda la Sala que ha de juzgar la causa del Procés cuyos componentes no hay que olvidar que fueron también designados por Manuel Marchena.
