Diario16 ya informó de cómo el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) va a juzgar a la Junta Única de Resolución (JUR) por, al menos, 6 presuntos delitos relacionados con el proceso de intervención del Banco Popular Español. Sin embargo, no acaban ahí «las penas» del organismo presidido por la señora Elke König, ya que su opacidad puede terminarse en el momento en que los abogados que defienden legítimamente los intereses de los afectados del Popular soliciten el acceso a la documentación que, hasta ahora, mantienen oculta o censurada, en base a la sentencia contra el BCE en el que se anuló la negativa para dar acceso a los documentos que sirvieron para la intervención del banco portugués Espirito Santo.

Además, el propio Panel de Vigilancia de la JUR obliga a la publicación de datos relevantes y clave relacionados con la liquidez y la fuga de depósitos que sufrió el Banco Popular tras las declaraciones de König en el mes de mayo y que se prolongaron hasta el mismo día 6 de junio.

Esta opacidad y estos sistemas han hecho reaccionar incluso al resto de bancos españoles que han visto cómo lo que le ocurrió al Popular les puede pasar a ellos, sobre todo teniendo en cuenta que la operación no ha servido para aliviar la situación presuntamente crítica que reflejan las cuentas del Banco de Santander. La posible implicación de la JUR en todo el proceso de rescate del Santander, tal y como hemos visto en estas páginas a través de los correos cruzados entre König, Jaime Ponce y Emilio Saracho, ha hecho saltar las alarmas de los bancos españoles y esto quedó demostrado en las declaraciones de José Ignacio Goirigolzarri en la que ha solicitado un refinamiento de los procedimientos para otorgar liquidez a entidades necesitadas tras el cambio de procedimiento por el que se ha pasado del prestamista de última instancia a las líneas de urgencia (ELA) lo cual, según el presidente de Bankia, es un mecanismo mucho más arbitrario.

La propia JUR, en una comunicación a afectados que se dirigieron a la institución a la que ha tenido acceso Diario16, cae en múltiples incoherencias y contradicciones que la Justicia no va a pasar por alto. En referencia al inicio del proceso de resolución en la semana anterior a la intervención, según consta en la documentación del FROB, la JUR dice lo siguiente: «Las autoridades de resolución no tienen la obligación de supeditar los preparativos de la gestión de la crisis a la toma de la decisión de inviabilidad o probable inviabilidad (FOLTF). De hecho, cuando un banco es declarado FOLTF hay que decidir si es necesario emprender medidas de resolución para evitar riesgos para la estabilidad financiera […] la utilización del instrumento de venta del negocio implica que debe existir, como mínimo, un comprador interesado en el momento en que se tome la decisión de resolución».

Respecto a la crisis de liquidez la JUR afirma que «es importante que las autoridades posean un juego completo de herramientas para abordar los problemas de liquidez, y con un juego de herramientas eficaz se puede reducir la probabilidad de inviabilidad de los bancos al proporcionar a los depositantes y otros acreedores mayor seguridad con respecto al acceso a sus fondos», algo que se contradice con lo afirmado más adelante en la comunicación cuando, en referencia a la liquidez afirma lo siguiente: «Será necesario que la autoridad de resolución prevea las posibles inviabilidades por motivos de liquidez inadecuada. La moratoria se convierte en un instrumento pertinente que brindará al banco más tiempo para buscar soluciones alternativas, y a la autoridad de resolución más tiempo para adoptar una resolución, si una entidad presenta problemas de liquidez que se intensifican a un ritmo acelerado».

No obstante, el Banco Popular ya disponía de soluciones encima de la mesa, en concreto dos ofertas de ampliación de capital que podría haber llegado a los 8.000 millones de euros y dos propuestas de venta de activos no estratégicos por un valor total cercano a los 3.500 millones de euros. En referencia a esto, la JUR dice lo siguiente: «En el momento en que se emprendió la medida de resolución no había indicios concretos que apuntaran a la existencia razonable de medidas privadas que pudieran impedir la inviabilidad del Banco Popular en el poco tiempo disponible. Además, no había, ni hay, indicios concretos que indicaran hasta qué punto, en caso de que dichas ofertas hubieran existido en esos momentos, habrían podido prevenir la inviabilidad del Banco Popular en el tiempo disponible». ¿Cómo que no hay indicios de la existencia de las ofertas? La realidad es que, si Saracho hubiera comunicado dichas propuestas tanto al Consejo de Administración como a la CNMV y al Banco de España, el Popular habría tenido acceso a una mayor liquidez de urgencia que habría evitado que se certificara el FOLTF.

Esta es la mayor contradicción que puede ser la llave para que sea Europa la que determine la nulidad de la operación, puesto que la JUR está claramente señalando la precipitación en la aplicación de la resolución y por ello remarca dos veces la falta de tiempo disponible, pues una vez iniciado el procedimiento, con el envío de la carta con la «presunta» firma falsa de Saracho y con la ratificación posterior de “inviabilidad o cerca de la misma” por parte del BCE, no había retroactividad en el procedimiento de resolución. Y todo esto se inició varios días antes del 7 de junio, varios días en los que ya se había decidido arruinar a más de 305.000 familias.

¿Quieres recibir las novedades de Diario16?

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 − cinco =