En lo referente al plano privado, en un primer momento se aprovecharon las sinergias entre el mexicano Antonio del Valle y su escudera Reyes Calderón para retirar a Angel Ron como presidente del Banco Popular. En esas mismas sinergias, interactuó el exministro de economía Luis de Guindos para ofertar al mexicano la persona que podía sustituir a Ron, ofrecimiento que es aceptado por el mexicano que buscaba hacer caer la acción del Popular y poder realizar una operación corporativa al menor coste posible.

En ese escenario había dos intereses complementarios, ahora superpuestos. Para De Guindos estaba el interés de conducir la operación de acoso y derribo hacia la aplicación del nuevo mecanismo de resolución que, como bien sabía y conocía el exministro, solo se aplicaría si existía un oferente para la adquisición. Por otra parte, las sinergias que aportaba Antonio del Valle y su lugarteniente Reyes Calderón, eran poder quedarse con el Popular al menor coste posible para realizar una operación corporativa de venta a otra entidad.

Para confluir y crear las sinergias de ambas partes, era necesario el papel del ejecutor, Emilio Saracho que, junto con Uría y Menéndez, van trazando los medios necesarios para conseguir el fin propuesto, un fin en el que confluyen las voluntades de la JUR y el FROB para poner en funcionamiento el mecanismo de Resolución, y del Banco Santander para conseguir quedarse en subasta con el Popular. Para lograr dicho objetivo propuesto por todas las partes implicadas, Emilio Saracho escondió y guardó las ofertas privadas para la realización de sendas ampliaciones de capital propuestas por Barclays y Deutsche Bank, retrasó la venta de Totalbank, por un ínfimo diferencial en el precio ofertado, y bloqueó la venta de WiZink.

La tarde del día 6 de junio del 2017, sólo quedaban dos bancos que tenían acceso a la virtual data room para realizar una oferta por el Popular. El proceso de subasta se cerraba a las 24 horas, según las condiciones del FROB, y la apertura de los sobres con las distintas ofertas quedaba fijado para realizarse a la 1 de la madrugada del día 7 de junio.

En una segunda circular que envía el FROB, tanto a Banco Santander como al BBVA, especifica que el sexto punto sobre las condiciones de la oferta en la subasta es solo para el Banco Santander. Es en este punto cuando BBVA se retira aduciendo que no ha tenido ni tiempo, ni información suficiente para poder presentar una oferta. Por tanto, una subasta presuntamente manipulada para que quedara una única oferta: la de la entidad que estaba decidida de antemano.

A las 24 horas del día 6 de junio solo había una oferta en un sobre presentado por Banco Santander, pero, al retirarse el BBVA de la subasta, y fuera de plazo y tiempo marcado por los organizadores de la subasta, el Santander volvió a presentar una segunda oferta retirando la previa que había presentado y que es abierta a las 3.12 de la madrugada tal como confirma el FROB. Por tanto, una nulidad más en el procedimiento de la resolución al saltarse los plazos de la subasta.

Los problemas de la adquisición de los activos que disponía Popular en Estados Unidos por parte del Banco Santander provocan que se alargue todo el procedimiento de resolución hasta que la Reserva Federal Americana diera la autorización para que se los pudiera quedar el banco adquiriente. Es a primeras horas de la mañana, en el despacho de la notaría de Carlos María de Prada Guaita y, tras tres redacciones, cuando queda protocolizado todo el procedimiento de la resolución de Popular, con las indicaciones marcadas por el despacho Uría y Menéndez que ejerce de maestro de ceremonias ante el notario.

Ese mismo día 7 de junio, a las 8.25, a los pocos minutos de haberse protocolizado la resolución y previa comunicación a la CNMV de la venta de Popular por un euro, el Banco Santander presentó un documento de 45 folios en Power Point que no puede realizarse en media hora y, según nos comentaron varios expertos del sector, para su elaboración y desarrollo se necesitarían como mínimo quince días, además de que el acceso a la virtual data room solo lo tuvieron durante tres días. Queda claro que el Santander ya disponía de todos los datos internos del Popular desde hacía mucho tiempo.

En la adquisición de Popular, se dejó el capital social a 0 euros, al ser amortizado a ese valor, y continúa estando así, ya que la aportación que realizó el Banco Santander el día 25 de julio no fue a capital social, sino a reservas voluntarias indisponibles. Por tanto, la misma notaría sabe que en el momento de la protocolización del acto deben suscribir y desembolsar el capital. Entonces, ¿por qué el notario ha permitido realizar un documento público sin tener las mínimas garantías jurídicas para su ejecución? Actualmente el capital social está en valor 0 euros.

Esto es otra presunta ilegalidad de la operación ya que se dejó al Popular con su capital social en valor nulo y el Santander, como adquiriente, suscribió una ampliación de capital de 3.445 millones pero que no desembolsó en el acto, dejando al BPE sin capital social. Es en la ampliación de capital del mes de julio cuando se desembolsa dicho importe, ahora en el concepto de reservas voluntarias indisponibles, continuando sin capital social el Popular.

La ampliación que ejecuta el Banco Santander es por un importe de 6.880 millones, siendo 3.445 para el capítulo de reservas voluntarias indisponibles, y los restantes 3.435 para cubrir las provisiones necesarias para realizar la venta de los activos improductivos y los activos inmobiliarios. Por tanto, con los datos que nos aporta el Banco Santander, las necesidades de capital de Popular eran de 3.435, para cubrir las necesidades de capital que le exige la normativa sobre provisiones, NIIF 9.

En los informes censurados publicados por la JUR, en un primer momento, salen dos valoraciones que realiza la auditora Deloitte, con sendos valores negativos de -2.000 y -8.200 millones de euros. Sin embargo, no son las valoraciones de la auditora sino las que presenta en ese momento la JUR y el FROB con la única justificación que poder afirmar que la resolución se había ejecutado dentro de los cauces que marca la normativa. Sin embargo, había una valoración positiva: +1.300 millones.

Esto fue lo que ocurrió hace un año, en los primeros días de junio, datos y hechos que demuestran que el Popular no quebró, ni implosionó, sino que fue llevado, entre unos y otros, a una situación límite para que fuera la lancha del rescate del Santander que, tal y como demuestran sus cuentas propias cuentas, está en una situación bastante peor que, incluso, la del Banco Popular. Mientras, las más de 305.000 familias arruinadas siguen luchando para que les devuelvan lo que es suyo.

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