En un auto de la jueza María del Pilar de Lara se abre la posibilidad de que otros cargos públicos puedan ser citados en esta pieza del caso Pokemon. Todo ello a causa de las actividades del ciclo del agua que ha tenido la empresa Agbar-Suez/Hidrogea-Aquagest en la región de Murcia. Entienden los investigadores del caso que, habiéndose producido en Cartagena ese tipo de actuación supuestamente delictiva, cabría explorar si ha sucedido lo mismo con otros municipios donde Hidrogea tiene intereses económicos.

La presencia de José Albaladejo como directivo de Hidrogea-Aquagest, en especial, en Aguas de Lorca, empresa que está siendo investigada por los agentes de vigilancia aduanera, abre tal posibilidad. La empresa Aguas de Lorca está participada en un 51% por el Ayuntamiento y en un 49% por Hidrogea. Y la empresa ha estado realizando trabajos que la implicarían en lo acontecido en Cartagena. Por tanto, y según se desprende del propio auto, la posible investigación de algunos cargos políticos de Lorca de los tres partidos estaría al llegar. En referencia a la derivación de la causa a Lorca, hay que tener muy en cuenta la labor que ha realizado el concejal Antonio Meca en la búsqueda de responsabilidades.

La Pokemon en Cartagena que derivará en otros municipios

Tal y como publicamos en primicia en Diario 16, la investigación del caso Pokemon ha acabado por llegar a la investigación de numerosos cargos públicos del Ayuntamiento de Cartagena bajo el mandato de Pilar Barreiro del Partido Popular. Así lo ha estimado la jueza María del Pilar de Lara, titular del juzgado número 1 de Instrucción de Lugo, que en auto fechado el 3 de enero de 2017 ha decidido solicitar la comparecencia para prestar declaración de ex-concejales del PP y cargos de Hidrogea.

Las personas que habrán de comparecer el 7 de mayo próximo son: Luis Rodolfo García Berenguer (directivo de Hidrogea-Aquagest), José Albaladejo Guillén (directivo de Hidrogea y Aguas de Lorca), Agustín Guillén Marco (ex-concejal de Urbanismo), María Ángeles Palacios Sánchez (ex-Consejera de Sanidad de Murcia y ex-concejala de Hacienda), José Cabezos Navarro (ex-concejal de Hacienda), José Vicente Albaladejo Andreu (ex-concejal de Obras) y José María Padial Gallego (jefe del servicio de Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena).

Durante la declaración los investigados deberán explicar por qué viajaron “todo gratis total” con los directivos de Hidrogea (anteriormente Aquagest, del grupo Suez, antes Agbar), y si esos viajes tuvieron algo que ver con la ampliación supuestamente ilegal de la concesión del ciclo del agua de Cartagena por 25 años más. Todo ello suponiendo un tarifazo para los bolsillos de la ciudadanía cartagenera y un engorde de las cuentas de Hidrogea. Además, permitieron realizar obras sin control del coste, y que supuestamente se inflaron, realizadas por otras empresas del grupo Agbar (Suez) que no requerían licitación. Algo que también fue exclusiva en estas mismas páginas.

El auto de la jueza de Lugo también incide en lo que se contó en estas mismas páginas, que el jefe de servicio de Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena, José María Padial, se habría visto doblemente gratificado por Hidrogea. Por un lado, mediante los viajes y, por otro, por haber realizado trabajos mediante empresas personales y familiares con la empresa investigada.

La senadora Pilar Barreiro, como consta en el auto, podrá ejercer su derecho a defensa si así lo desea. Aunque ya se ha solicitado oficio al Senado para ver si Barreiro sigue manteniendo la condición de senadora y así, como afirma la jueza, elevar auto al Tribunal Supremo para una posible investigación de la política del PP. Por tanto, una nueva investigación (antigua imputación) que acecha a la persona de la senadora y que añadir al caso Púnica por el que ya ha sido investigada por el Supremo.

 

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