Las instituciones europeas que tuvieron implicación directa en la resolución del Banco Popular, en la venta de la entidad por un euro al Santander y la consiguiente ruina de más de 305.000 familias, no han tenido ningún inconveniente en afirmar que una de las razones por las que no entregan documentación vital a los afectados es que la entrega de dicha documentación puede afectar a los intereses comerciales del Banco Santander. Ya lo afirmaron en el mes de julio de 2.017 a preguntas de los eurodiputados españoles de los partidos de izquierda. Lo confirmó Elke König también en el Europarlamente pero, en esta ocasión, afirmando que la publicación de los documentos ponía en peligro el sistema financiero de la Unión Europea.

Desde aquel verano, han sido muchos los afectados los que han solicitado esa información y sólo se han encontrado con versiones no confidenciales censuradas. La acción de la Justicia, la reclamación de los documentos por parte de los tribunales españoles y toda la documentación publicada por Diario16 están dejando a las instituciones europeas en el lugar de quien está intentando tapar sus irregularidades. Los afectados continúan reclamando documentación que es fundamental para sus recursos, demandas o querellas y la respuesta es siempre la misma: esos documentos son confidenciales.

Diario16 ha tenido acceso a la respuesta recibida este mes de noviembre por un afectado en el que se indica claramente que «La evaluación de la JUR, tras tener en cuenta la opinión de Banco Santander y del FROB, concluye que la divulgación de estos documentos socavaría la protección de los intereses comerciales de Banco Santander».

La entidad cántabra está inmersa en diferentes litigios, entre los que se encuentra la acusación de enriquecimiento ilícito, y, sin embargo, cuenta con la protección de los organismos europeos que adoptaron la decisión de resolver al Banco Popular y arruinar a más de un millón de personas.

En el punto opuesto nos encontramos con la actuación de la Justicia de los Estados Unidos que dejó en evidencia a los tribunales españoles y europeos al determinar que el Santander estaba obligado a entregar toda la documentación de la que disponga sobre el proceso del Banco Popular. En concreto, la sentencia era concluyente al afirmar que «Santander cuenta con información única e importante sobre la adquisición forzosa de Banco Popular. Esto es de importancia crítica para los procedimientos en el extranjero y para los inminentes procesos internacionales y procedimientos de arbitraje. Este tribunal debe conceder a los peticionarios y conceder permiso para el acceso a esa documentación en virtud de la sección 1782 en ayuda de esos procedimientos».

Tanto la JUR como el BCE o los organismos económicos españoles siguen protegiendo al Santander mientras los afectados tienen que luchar contra la burocracia y la injusticia.

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