La información publicada por Diario16, y la que resta por publicar, demuestra con claridad que la única razón real por la que fue resuelto el Banco Popular fue la crisis de liquidez, dado que la entidad era solvente y viable el día de la resolución. A pesar de esto, aún se están presentando demandas y querellas que pretenden apuntar a que la causa de la ruina de más de 1,2 millones de personas fue una supuesta manipulación de las cuentas. El argumento presentado son una serie de primera instancia emitidas por jueces que no han tenido tiempo de analizar toda la documentación que se encuentra, por ejemplo, en el Juzgado de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional. En realidad, lo que están defendiendo es la paralelización del Caso Popular con la salida a bolsa de Bankia.

El informe presentado por los peritos del Banco de España ha destrozado esta estrategia judicial, al afirmar claramente que en el año 2016 el Popular era solvente, a pesar de que se pretenda dar información contradictoria desde foros cercanos a Emilio Saracho que confunde a los afectados. La realidad es que los peritos son claros cuando afirman en las conclusiones del informe que «a diciembre de 2016, su patrimonio neto era de 11.088 millones de euros y tenía una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 millones de euros».

Otro punto clave del informe que desmonta toda la estrategia de quienes pretendían llevar a los afectados a reclamar la ampliación de capital es la capacidad que tenía el Popular para «materializar plusvalías por ventas de negocios», tal y como llevamos afirmando en Diario16 en referencia a las ofertas de activos no estratégicos recibidas del BCI chileno para TotalBank y de Värde para WiZink.

Las sentencias, además, tienen una fundamentación muy débil. Suelen coincidir en que los reclamantes no tienen formación suficiente y que su inversión desapareció con la intervención del Popular. El argumento de la intervención es utilizado en las sentencias como fundamental para determinar que el Banco Popular no tenía las cuentas en el estado en que se informaba en el folleto informativo de la ampliación. «Si el banco fue intervenido entonces las cuentas deberían estar mal o eran irregulares», es un argumento al que se ha recurrido en repetidas ocasiones. Sin embargo, los jueces que dictan esta sentencia no tienen en cuenta un hecho que es fundamental: el Banco Popular superó los test de estrés del Banco Central Europeo sin ningún problema tanto en los años 2010, 2011, 2014 y 2016.

El informe de los peritos del Banco de España expone cuál fue la causa verdadera de la pérdida del dinero por parte de los afectados: «la entidad tenía un grave problema de liquidez siendo en todo momento antes de la resolución solvente, sus fondos propios eran positivos». Además, inciden en el hecho de cuándo se produjeron esas fugas de liquidez: «La decisión de resolver la entidad se basó en el deterioro de la situación de liquidez por una salida de depósitos especialmente intensa desde abril de 2017, concentrándose en fechas concretas».

Por otro lado, el propio informe pericial del Banco de España afirma claramente que las «pérdidas sufridas por los inversores son consecuencia de la decisión administrativa de resolver la entidad y proceder a su venta a través de un procedimiento de subasta competitiva».

Fueron, precisamente, los peritos del Banco de España los que determinaron, en un informe similar al que reclamó la Audiencia Nacional, que la salida a Bankia fue fraudulenta al determinar que los recursos de la entidad no cumplían con la normativa, algo que no ocurrió con el Banco Popular en el año 2016.

Recordemos que el Popular fue intervenido bajo el mandato del Consejo de Administración presidido por Emilio Saracho. El informe de los peritos del Banco de España certifica que el ejercicio de 2.016 se cerró con solvencia y liquidez suficientes, tal y como reconocieron tanto el Banco Central Europeo como el Gobierno español.

El BCE, a través del anterior vicepresidente, Vítor Constancio, el Gobierno de España y el propio Banco Santander han reconocido públicamente que la intervención del Banco Popular fue consecuencia de una crisis de liquidez, no de solvencia, achacando ese problema a un pánico bancario que generaron enormes fugas de depósitos que son la consecuencia de las actividades y estrategias de Emilio Saracho, tal y como hemos informado en Diario16 durante años. Toda la operación estaba orientada, según diferentes comunicaciones internas del propio Popular, a bajar al máximo el precio de la acción y, de este modo, hacer insostenible la entidad para que fuera comprada al menor precio posible.

Por tanto, los verdaderos responsables de la caída del Popular no están en quienes diseñaron e implementaron la ampliación de capital y el plan de negocio que fue frenado por el Ministerio de Economía sino en quienes, a través de movimientos poco éticos y, por supuesto, fuera de la buena praxis, llevaron al Popular a ser declarado inviable.

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