La sentencia de las hipotecas es una gota más que colma un vaso que lleva rebosando desde hace mucho tiempo. La Justicia española, a causa de que no ha pasado por un proceso de transición democrática como a la que se han sometido otras instituciones fundamentales para el Estado, está protagonizando ya demasiados escándalos como para poder sostener el pilar que se le supone a uno de los tres poderes fundamentales de cualquier país sometido al imperio de la ley.

Ejemplos son muchos como para creer que se trata de una casualidad o de la decisión subjetiva de tal o cual juez. Por ello desde los otros poderes del Estado o desde las instituciones, Casa Real incluida, se deben poner los cimientos para organizar una revolución en la administración de Justicia porque el desprestigio es de tal calibre que una reforma se quedaría corta.

No hay más que recordar cómo la Justicia Europea ya ha puesto en evidencia la neutralidad de nuestros tribunales en casos relacionados con el terrorismo como, por ejemplo, la anulación de la doctrina Parot o la más reciente decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la que se ha determinado que Arnaldo Otegui no tuvo un juicio justo. Independientemente de quién sea el personaje, al fin y al cabo es un ciudadano que tiene los mismos derechos que cualquiera, la acusación de parcialidad es un golpe duro a nuestra Justicia.

En materia económica también han tenido que ser los tribunales europeos los que demuestren objetividad frente a la subjetividad judicial española cuando los intereses de la banca se ven comprometidos por una sentencia. Ocurrió con las cláusulas suelo y es más que probable que la revocación de la sentencia de las hipotecas del día de ayer también sea anulada.

El poder de la banca en España está por encima del de la Justicia y eso lo vemos, por ejemplo, en cómo los tribunales españoles están presuntamente defendiendo los intereses del Banco Santander. La doctrina Botín, el archivo de multitud de causas en las que los presuntos delitos eran muy evidentes —evasión fiscal de 2.000 millones de euros o Banesto—, la existencia de Juzgados que no admiten a trámite el 100% de las demandas presentadas contra la entidad cántabra, indultos, etc., por no contar con jueces que pasan al sector privado para defender los intereses del banco presidido por Ana Patricia Botín. Todo lo anterior sin tener en cuenta lo que está ocurriendo con la instrucción del Caso Banco Popular en el que, a pesar de las claras evidencias de la comisión de graves irregularidades legales, todo parece parado por la aparente pasividad del juez Andreu a la hora de adoptar medidas cautelares.

El Procés catalán es otro de los asuntos que está denostando el prestigio de la Justicia española y que está mostrando un nuevo caso de posible parcialidad, sobre todo, por quienes están al frente de la instrucción. El encarcelamiento preventivo de los políticos catalanes, la emisión de Euroórdenes que son retiradas porque las justicias de otros países de la Unión Europea no aceptan los argumentos presentados por el juez Llarena, la imputación de delitos que no están en nuestro ordenamiento jurídico desde el siglo XIX, la insistencia en acusaciones que las instituciones europeas van a tumbar de manera irremediable, etc. no hacen más que incrementar las sospechas de que la Justicia española es parcial o de que las decisiones que se adopten dependerán de la magistrada o del magistrado asignado en el reparto. ¿Un juez o una jueza progresista habrían adoptado las mismas decisiones que Llarena? El mero hecho de que se plantee esa pregunta ya da una muestra de la situación de nuestra Justicia.

Por no hablar de la sentencia de La Manada que tanta alarma social ha generado por dejar en la calle a cinco presuntos violadores, la protección a Juan Carlos de Borbón al no permitir que se realizaran las pruebas de paternidad o no iniciar una investigaciones en base a las grabaciones en las que Corinna zu Sayn-Wittgenstein reconocía que había sido utilizada como testaferro por el antiguo Jefe del Estado, la vergonzosa actuación de toda la administración de Justicia en defensa de Cristina de Borbón en el Caso Noos, la absolución de personas o el constante cambio de jueces en macrocausas de corrupción cuando se trata de políticos o empresarios con mucho poder, etc.

Esa recapitulación de casos es sólo una pequeña muestra de cómo el pueblo está indefenso con una Justicia que sigue actuando de manera arbitraria y en base a cánones decimonónicos. La revolución pendiente más importante de nuestra democracia ha de darse en los tribunales porque quien ostenta la soberanía del Estado no puede estar indefenso ante los abusos del poder, sea cual sea éste. La sentencia de las hipotecas ha sido la última gota y España no puede permitirse que caiga ninguna más.

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