El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido hoy a todas las autoridades españolas que “se apliquen a cumplir la ley y a rectificar las estrategias de gestión hidráulica” porque, de lo contrario, “se estaría haciendo una vulneración de las leyes conscientemente” y fomentando la política de trasvases hacia el Levante español “que supone un atropello ambiental”.

En este sentido, ha asegurado que en Europa “no solo nos han dado la razón con la Directiva Marco Europea”, sino que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) conocida el pasado sábado, que anula parcialmente el Plan Hidrológico del Tajo porque no fija caudales ecológicos en Aranjuez (Madrid), en Toledo y en Talavera de la Reina (Toledo), “lo acaba de convertir en ley”.

Así lo ha señalado el presidente este martes en la sede de la Comisión Europea en la capital belga antes de presentar el ‘Informe de evaluación del grado de conservación de la ribera y los hábitats de interés comunitario del Río Tajo a su paso por Castilla-La Mancha entre los embalses de Bolarque y Azután’, junto con el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo; la consejera de Fomento, Agustina García Élez; y el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Francisco Pérez Torrecilla.

Este informe de más de quinientas páginas, cuyas principales líneas de acción se recogen en un documento de cuarenta, ha sido elaborado por la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal de Castilla-La Mancha y confirma que el ecosistema fluvial del Tajo mantiene un mal estado de conservación y grandes desequilibrios ecológicos. Además, argumenta cómo el trasvase representa el principal factor de alteración hidrológica en el tramo del Tajo a su paso por Castilla-La Mancha.

García-Page, quien ha recordado que su defensa de los intereses hídricos de la región “está por encima de otros intereses” como los de partido, ha confirmado que la próxima legislatura “será determinante” para buscar una solución al trasvase “porque tenemos la razón legal de Europa” y Castilla-La Mancha “está ganando no solo uno, sino varios pleitos”. Asimismo, ha avanzado que existen varios recursos abiertos “que estamos seguros de que se resolverán positivamente para los intereses de Castilla-La Mancha y de una España “que busca ser sostenible”.

A juicio del presidente, España no puede aspirar a seguir teniendo una “política desaprensiva en contra de la legislación europea que hemos apoyado y votado todos los españoles”. Por ello, ha querido hacer un llamamiento a los presidentes de Murcia y de la Comunidad Valenciana, así como al Gobierno de España, “para que intentemos buscar alternativas” y se establezca un “diálogo sereno” entre todos, pues por la vía actual “ya no se puede ir más tiempo. Tiene que haber un escenario de cambio claro, un punto de inflexión importante”, ha asegurado.

Por ello, y tras reiterar que la política de Rajoy y de Cospedal “ha sido un claro engaño a Castilla-La Mancha”, ha sugerido a los actuales dirigentes del PP regional que “tomen nota” y empiecen a pedir disculpas “por haber engañado y traicionado los intereses de la región a la que quieren representar”. En este sentido, ha avanzado su intención de invitar al Partido Popular castellano-manchego “a que se sume por vía parlamentaria a un acuerdo unánime, porque el problema del agua está por encima de las luchas ideológicas”, ha apostillado.

En último lugar, García-Page ha valorado que este es el momento “de no perder más tiempo” y de buscar alternativas de futuro al trasvase, “porque en el corto y medio plazo se perjudica no solo a Castilla-La Mancha, sino a todo el mundo porque no hay agua en condiciones”.

Por su parte, la consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha indicado que desde el Ejecutivo regional se ha solicitado por carta al propio Ministerio para la Transición Ecológica el fin de los trasvases. “Automáticamente se deben parar y paralizar los trasvases, pues no puede decir un Tribunal Supremo con una sentencia que tenemos que garantizar unos caudales ecológicos y, a la vez, aplicar de manera automática ese Memorándum firmado por Cospedal y por el PP, a espaldas de los intereses de Castilla-La Mancha”, ha considerado.

Por otro lado, el titular de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha puesto de manifiesto “la necesidad de tener en cuenta a todos, siempre que hablamos de agua, desde la solidaridad y con la mano tendida”, y ha relatado que así lo ha hecho este Gobierno desde inicio de legislatura. “No hemos variado ni un ápice nuestra posición, que ha sido la más coherente, sin duda, la del sentido común, la de la solidaridad y la de la necesidad de que el agua que está en Castilla-La Mancha nos ayude a generar desarrollo en la región”, ha asegurado.

Finalmente, el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños ha asegurado que la sentencia del Tribunal Supremo “nos viene a dar la razón”, porque el trasvase “no puede continuar llevando más agua, en muchos casos como ahora mismo, de la que lleva el propio río”, y ha manifestado que desde la Asociación que preside “nos hubiera gustado que hubiera sido por una decisión política” más que jurídica, la que obliga al Gobierno a poner “un poco de orden” en el Tajo.

Torra debe cumplir la Ley

Por otro lado, y a preguntas de los medios sobre el plazo dado por la Junta Electoral Central al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que quite los lazos amarillos de los edificios públicos en Cataluña durante el periodo electoral, el presidente castellano-manchego ha asegurado que a Torra “se le tiene le tiene que aplicar la misma disciplina que me aplicaría a mí el Supremo si incumpliera la legislación electoral”.

A su juicio, “todos somos iguales ante la ley y es incongruente que los partidos independentistas que quieren romper España se presenten a las elecciones del Estado y pretendan bloquear la legislatura y la gobernabilidad en España”.

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