A tenor de las respuestas del Gobierno del PSOE respecto a las proclamas que se suelen lanzar desde el espacio televisivo “El día del señor”, el cual está entregado a la Iglesia Católica, se da validez gubernativa a propuestas xenófobas, homófobas y machistas. El senador de En Comú Podem (Unidos Podemos), Joan Comorera, preguntó al Gobierno al respecto pues no salía de su asombro al escuchar cómo el día 31 de diciembre de 2018, en tal espacio, el obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig Pla, volvió a realizar sus habituales comentarios contra las personas del colectivo LGTBI, inmigrantes y métodos anticonceptivos durante su intervención durante misa de la sagrada familia celebrada en la parroquia de la Purificación de nuestra señora de San Fernando de Henares (Madrid).

Recuerda el senador en su cuestionario que se profirieron frases tales como: “Negar la diferencia sexual y de la importancia de la familia es optar por una sociedad atomizada, de simples individuos”, o la “unión amorosa del hombre y la mujer” como única verdad “por su índole natural” al estar esta “orientada a la procreación y educación de los hijos” o “de ahí la malicia de la anticoncepción, que reduce la unión conyugal a los simples deseos de los cónyuges”. Toda una ideología totalitaria que pretende penetrar en el corazón mismo de la sociedad, la libertad de la ciudadanía para vincularse del modo que deseen siempre y cuando no sea constitutivo de delito. Pero aún hay más, porque el obispo Reig Pla, como les sucede a otros colegas, en cuanto coge carrerilla recorre todo el espectro de la ideología vaticana. Las políticas progresistas, esta vez no se atrevió a calificarlas de izquierdas o de los rojos, según su parece son parte de una “cultura de la muerte”. Todo eso en una televisión pública que debería respetar la diversidad de la ciudadanía.

De ahí que Comorera decidiese preguntar al gobierno lo siguiente: “¿Considera el gobierno que la emisión en una televisión pública de estos discursos con comentarios homófobos, xenófobos y machistas son respetuosos con la aconfesionalidad del Estado prevista en el artículo 16.3 de la Constitución? ¿Cree el gobierno que discursos que atentan contra los derechos fundamentales emitidos por la televisión pública son compatibles con la libertad ideológica, religiosa y de culto del artículo 16.1 de la Constitución? ¿Va a tomar alguna medida el gobierno para evitar que este tipo de discursos se repitan en una televisión pública?”. Recuerden bien las preguntas porque cuando lean la respuesta deberán hacer encaje de bolillos para vislumbrar algún tipo de respuesta coherente.

Y la respuesta ha sido: “El Gobierno ha manifestado y reitera su compromiso con la igualdad de todos los ciudadanos, independientemente de su raza, credo u orientación sexual. Prueba del compromiso del Gobierno con el reconocimiento y protección de los derechos de las personas LGTBI es la creación de la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad del Ministerio de Presidencia, Relación con las Cortes e Igualdad. Por otra parte, cabe señalar que la Constitución Española y la Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal reconocen la independencia y autonomía de la Corporación de Radio y Televisión Española (CRTVE) respecto del Gobierno y de la Administración, necesarias para garantizar el derecho fundamental a la libertad de información y a una comunicación plural, veraz y de calidad. Para avalar el cumplimiento efectivo de la misión de servicio público atribuida a CRTVE, la Ley establece un doble mecanismo de control externo: 1.) Un control parlamentario sobre la actuación de la Corporación y sus sociedades que se atribuye a las Cortes Generales, que también eligen a los miembros del Consejo de Administración de la Corporación. 2.) Un control atribuido a una Autoridad Audiovisual independiente, que es la encargada de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público encomendadas a CRTVE. El Gobierno respeta plenamente la autonomía e independencia de CRTVE, así como los mecanismos de control establecidos por la Ley, y no interfiere ni condiciona la actuación de la Corporación, por lo que no puede realizar valoraciones sobre las cuestiones planteadas en la presente iniciativa”.

Ni Pilatos llegó a lavarse las manos con la misma fruición del Gobierno. Como la TVE tiene sus mecanismos de control, si nadie lo ha visto en el momento no van a hacer nada. Si la Iglesia Católica quiere lanzar mensajes que conlleva extender el odio entre la ciudadanía parece que el Gobierno no va a presentar una queja cuando se supone que el PSOE apuesta por el laicismo y se está, como recuerda Comorera, en un Estado aconfesional. Pero mejor dejar hablar a propio senador que ha manifestado lo siguiente.

“El Gobierno justifica su inacción afirmando que son las propias Cortes Generales, mediante mecanismos de control parlamentarios, así como la Autoridad Audiovisual independiente quiénes deben velar por el carácter de servicio público de nuestra RTVE. La realidad es que se trata de meras excusas para ocultar que una televisión pública está dando cabida a mensas de carácter homófobo y sexista. El Gobierno debería dejar de buscar excusas y afrontar sus competencias. Y entre ellas se encuentra la de garantizar que un servicio público como es RTVE, financiado con fondos de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, no difunda mensajes de odio que atentan con el carácter democrático de nuestro país” ha explicado el senador de En Comú Podem (Unidos Podemos). Como ha pasado con el sector del Taxi, desde el Gobierno acaban dando una patada a la pelota para que sean otros y otras quienes la jueguen.

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