En la película La lista de Schindler, dirigida por Steven Spielberg, hay una secuencia tremenda que transcurre en el campo de exterminio de Płaszów, cuando un oficial alemán pregunta ante una fila de prisioneros judíos quién había sido el autor del robo de una patata, y, ante el silencio, el oficial mató a uno de ellos de un disparo, reiterando la pregunta al resto de prisioneros. En ese momento se destacó de la fila un niño que, entre sollozos, señalaba el cuerpo del prisionero que acababan de abatir indicando que el muerto había sido el autor del robo. De esta manera, la inteligencia del niño prisionero consiguió salvar la vida a todos los demás.

Esta secuencia de la película de Spielberg donde se le echa la culpa al muerto para salvarse todos los demás y parece que vuelve a repetirse con el drama personal que está atravesando Eduardo Zaplana, a punto de morir en prisión a consecuencia de una leucemia.

Zaplana fue ingresado en prisión preventiva en mayo de 2018 en la operación Erial, acusado de blanquear 10,5 millones de euros procedentes de comisiones presuntamente cobradas en su etapa de presidente de la Generalitat valenciana (1995-2002) y ocultados durante más de una década en el extranjero.

Dos meses antes, como si fuera una premonición, Francisco Camps denunciaba en el juicio de la trama valenciana de la Gürtel que fue Eduardo Zaplana quien le envió a ‘El Bigotes’ cuando era presidente de los ‘populares’ valencianos.

Lo cierto es que Zaplana es, hasta ahora, el único ex presidente de la Comunidad Valenciana que está en prisión, a pesar de que han sido tres lo ex presidentes de esa comunidad los que están imputados o han sido juzgados por delitos de corrupción. En la lista, además de Eduardo Zaplana, están José Luis Olivas, encausado por la salida a Bolsa de Bankia, y Francisco Camps, investigado en dos causas relacionadas con la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 y la visita del papa a Valencia en 2006.

La cuestión se está complicando aún más para el resto de ex presidentes porque los investigadores de la Operación Erial sitúan a José Luis Olivas en la misma “red criminal” que al ex ministro del PP, y la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, que investiga posibles irregularidades en contratos de la fundación que organizó la visita del Papa en 2006, ha citado a Francisco Camps para declarar como investigado el próximo mes de febrero.

Con todo, lo más intrigante son las “casualidades” judiciales en torno al drama personal de Eduardo Zaplana: la ponente de las resoluciones de la Audiencia Provincial que están confirmando la prohibición de que el ex ministro salga de prisión es María Begoña Solaz Roldan, amiga íntima y compañera de promoción del actual presidente de esa misma Audiencia Provincial y enemigo declarado de Zaplana, Fernando de Rosa Torner, quien ocupó la Secretaría Autonómica de Justicia de la Generalidad Valenciana desde 2003 hasta 2007 durante la etapa del gobierno de Francisco Camps, y entre junio de 2007 y septiembre de 2008 fue Conseller de Justicia y Administraciones Públicas también bajo el mandato del último presidente del Partido Popular.

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