En la cena de gala que dio inicio al Mobile World Congress, el Jefe del Estado español, Felipe de Borbón, no tuvo reparo en afirmar que, gracias a la Constitución de 1978, España era “una democracia plena”. Los discursos del monarca suelen estar escritos en la misma sintonía de alejamiento de la realidad como lo fueron sus palabras porque España, a día de hoy, tiene una democracia similar a una de esas obras que se paralizaron tras la explosión de la burbuja inmobiliaria: está el esqueleto del edificio levantado, pero aún falta mucho por hacer. Precisamente, es todo lo que aún no se ha hecho lo que está llevando a nuestro país a convertirse en un Estado fallido.

En primer lugar, hay que destacar que el mero hecho de que Felipe de Borbón continúe siendo Jefe del Estado ya genera una situación antidemocrática puesto que está ahí por la voluntad del dictador Francisco Franco y no por el voto del pueblo. Incluso, habría que recordarle al monarca las manipulaciones que desde el Gobierno de Adolfo Suárez se implementaron para evitar un referéndum sobre el modelo de Estado que querían los españoles y que el ex presidente reveló en una entrevista: “cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república…, hacíamos encuestas y perdíamos”. Para evitar dar la voz al pueblo español incluyeron la palabra rey y monarquía en la Ley de Reforma Política y así justificaron que ya se había hecho un referéndum, algo que, como se ve, no fue así. En segundo término, para terminar de culminar la manipulación, no dieron la oportunidad de que los y las ciudadanas españolas pudieran elegir el modelo de Estado en el referéndum de 1978 sobre la Constitución. Esto fue un trágala en toda regla porque se metió en el paquete de la Carta Magna también a la Monarquía.

En segundo término, los niveles de corrupción de este país están destruyendo el concepto mismo de democracia. No puede haber plenitud en nuestro sistema político cuando España sólo alcanza una puntuación de 58 en el barómetro de Transparencia Internacional en el que el mínimo exigido para poder ser valorado como una democracia plena se encuentra en 75. Por tanto estamos más cerca de la debilidad que de la plenitud.

En tercer lugar, hay que tener en cuenta que uno de los valores sobre los que se sustenta cualquier régimen democrático es la separación de los tres poderes fundamentales y en España no es así, lo que provoca que se cometan abusos hacia el pueblo por, precisamente, la interacción entre ellos. Si el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial son inválidos para regir el destino de la ciudadanía, entonces nos hallamos en una situación de Estado fallido.

En España no hay división de poderes sino un mal remedo de la teoría de los vasos comunicantes. El poder legislativo se ha convertido en el lugar de la defensa de los intereses particulares de cada uno de los partidos sin buscar ningún tipo de soluciones a los problemas reales del pueblo. El Parlamento español lleva demasiado tiempo sometido al egoísmo de la partidocracia mal entendida y a las necesidades de las dictaduras privadas o las élites del capital. Esto no es un mal provocado por la atomización de los dos grandes bloques ideológicos, sino que es algo ya endémico desde la segunda mitad de la década de los 80. Vemos cómo se bloquean leyes que favorecen a la ciudadanía mientras se legisla en favor de las grandes corporaciones; vemos cómo los letrados del Congreso quieren modificar dictámenes para no acusar a nadie después de una Comisión de Investigación; vemos cómo los asuntos que realmente importan a la gente quedan solapados por los intereses egoístas de cada uno de los partidos. Si no se legisla pensando en el pueblo sino en lo que más rédito le puede dar a cada cual, entonces no nos hallamos muy lejos de Somalia o Libia.

El poder ejecutivo definitivamente ha dado la espalda a su pueblo y se ha sometido tanto a organizaciones supranacionales como a las dictaduras privadas. Todos los gobernantes que ha tenido este país, hayan durado mucho o poco en el poder, fueran de derecha o de izquierda, han terminado por priorizar eso que han dado en llamar las “cuestiones de Estado” respecto a las verdaderas necesidades del pueblo porque, finalmente, aquéllas terminan coincidiendo con los intereses de las élites. En estos años hemos visto cómo se ha modificado la Constitución porque así lo ha mandado Europa, cómo un gobierno ha ejecutado leyes que iban en contra de las necesidades de la ciudadanía, leyes que han incrementado la desigualdad y la riqueza de los más ricos mientras bajaban los salarios y se destruían derechos laborales. Una democracia plena no puede permitir que el poder ejecutivo se convierta en cómplice de una operación de rescate de una entidad bancaria y que ha provocado la ruina de más de 300.000 familias.

Finalmente, el poder judicial tiene como máximo problema es que aún no ha pasado por ningún tipo de renovación como sí lo han hecho, con todas las limitaciones existentes, los otros dos u otras instituciones del Estado y, en ocasiones, está funcionando con parámetros decimonónicos, del Fuero Juzgo o del Liber Iudiciorum. Además de la propia conciencia conservadora que suelen tener los órganos judiciales, hay que sumar un hecho que no está siendo muy tratado en los análisis que se hacen sobre la situación de nuestra Justicia en referencia a la necesidad de una “revolución” inmediata de la misma: la influencia que tienen sobre ella los poderes económicos, empresariales y financieros puesto que, mientras que las transformaciones políticas que se produjeron tras la muerte de Franco no les afectaban, en referencia a la Justicia una transición hacia una democracia plena en su funcionamiento podría atentar contra el control que presuntamente tienen a la hora de que los tribunales españoles dictaminen sentencias que afecten a los grandes tótem de estos sectores que, poco a poco, están dominando el mundo. Por eso la ciudadanía sospecha constantemente del doblegamiento de los poderes judiciales a los poderes financieros, empresariales y económicos. Las injusticias de la Justicia son una consecuencia más de la presunta complicidad de algunos miembros del poder judicial con el capital y hacen, más que nunca, necesaria esa “revolución” pendiente de la Justicia.

En consecuencia, si ninguno de los tres poderes se ajusta a los criterios mínimos que funcionan en una democracia plena, la realidad indica que España se acerca más hacia la definición de Estado fallido que a la utopía expuesta por Felipe de Borbón.

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