La paga extraordinaria que nuestros pensionistas han cobrado en el mes de junio/julio ha terminado de agotar el Fondo de Pensiones, la Hucha que José Luis Rodríguez Zapatero dejó con más de 80.000 millones de euros. En 6 años Mariano Rajoy y, sobre todo, su ministra de Empleo, Fátima Báñez, se han fundido esa cantidad que se había dejado para garantizar el cobro de las pensiones a nuestros jubilados.

La ideología neoliberal que representan el Partido Popular y su apéndice Ciudadanos está totalmente en contra de que el Estado se haga cargo de absolutamente nada. Todo tiene que venir a través del sector privado y, por supuesto, del libre mercado. Ahí entra todo: sanidad, educación, servicios sociales, subsidios, y, por supuesto, las pensiones. Para el neoliberalismo no existe el bien común sino el bien individual, de ahí que uno de sus mayores intereses es la destrucción del Estado como institución destinada a dar protección a los ciudadanos porque, a menos Estado, más beneficios para las élites que sustentan y defienden la ideología liberal.

La Reforma Laboral fue la Ley que marcó el principio del fin de nuestro sistema de pensiones. No se planteó sólo como una norma que terminara con los derechos laborales y salariales de la clase trabajadora, sino que se diseñó con otros fines secundarios que permitieran abrir nichos de negocio para las entidades privadas que, hasta el año 2011, estaban vedadas para las grandes corporaciones porque el Estado velaba para que así fuera. Las pensiones era uno de esos nichos vírgenes que había que potenciar para que sociedades financieras y bancarias pudieran sacar provecho de la incertidumbre del futuro.

Las condiciones de precariedad laboral y salarial están haciendo mucho daño al sistema de pensiones porque, tal y como está diseñado nuestro modelo, son las cotizaciones de la actualidad las que garantizan que nuestros jubilados reciban su merecida paga a final de mes. No obstante, con los salarios que se están pagando y, con sus correspondientes, cotizaciones, el sistema se hunde.

Según los datos oficiales, más del 90% de los contratos que se firman en este país son temporales. En la última muestra de paro registrado correspondiente al mes de julio de 2017, de los 1,9 millones de contratos que se firmaron, sólo 0,15 fueron indefinidos. A esto se une que prácticamente 1,7 millones fueron de obra y servicio o eventuales por necesidad de la producción. Contratos precarios, contratos temporales, y salarios que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Esa es la realidad que han creado Mariano Rajoy y Fátima Báñez, una realidad que va a destruir el sistema de pensiones.

Todo lo que está ocurriendo desde hace más de una década en un mundo cada vez más global está dentro del ordenamiento y del alcance del Business Plan de la derecha, de la estrategia a seguir para lograr que la sociedad se convierta en un reflejo de su ideología, de esa ideología clasista basada en la desigualdad y en la superioridad de las castas sobre los ciudadanos. En España sabemos mucho de eso con lo ocurrido desde que el Partido Popular llegó al Gobierno en 1996.

Aznar: el urdidor de la crisis actual en España

José María Aznar llegó a la Moncloa tras ganar por la mínima las Elecciones Generales de 1996. España era un país que estaba saliendo de la crisis del 93, un país que ya estaba creando empleo, pero con una elevada tasa de paro. El líder del Partido Popular tuvo que hacer muchas promesas en campaña en lo referente a la situación económica, y, sobre todo, tenía el reto de superar a Felipe González como Presidente de Gobierno tras la oposición mezquina que había realizado en la última legislatura del PSOE. Necesitaba un golpe de efecto y sabía que los españoles cifran la eficacia de un gobierno en su prosperidad personal. Para ello impulsó una serie de medidas para generar empleo rápido y crecimiento económico exprés.

Una de estas medidas fue la Ley 7/1997, de Medidas Liberalizadoras en Materia de Suelo y de Colegios Profesionales. Esta ley tenía la finalidad de rebajar el precio del suelo para que los ciudadanos tuvieran un mayor acceso a la vivienda. Para lograr ese abaratamiento previsto había que aumentar la oferta de suelo urbanizable y no se les ocurrió otra cosa que eliminar la distinción entre suelo urbanizable programado y no programado para que la totalidad de suelo disponible fuera urbanizable. A esta ley se unió la Ley 6/1998 que cubrió el vacío legal que dejó la Sentencia del Tribunal Constitucional que derogaba la Ley del Suelo de 1992 del gobierno de Felipe González. Estas dos leyes fueron la clave para que en España se generara la burbuja inmobiliaria que, por un lado, llevó a España a un crecimiento económico superior a la media europea, a unas cotas de creación de empleo desconocidas en nuestro país y, por otro, al endeudamiento de las familias, a la destrucción de la conciencia de clase obrera y a la sensación de vivir en una prosperidad que era falsa.

Por otro lado, el Gobierno de Aznar también legisló para que las entidades bancarias pudieran llenar el mercado del dinero suficiente para que ese monstruo que estaban creando pudiera echar a andar. A este hecho se unió el control deficitario del endeudamiento, tanto de los ciudadanos como de los propios bancos que necesitaban de créditos a otros bancos de Europa y Estados Unidos.

El Gobierno de Aznar afirmó que con sus medidas se crearía empleo, cosa que ocurrió, y que el hecho de tener mucha vivienda nueva haría que el precio de la vivienda bajara. En este aspecto se equivocaron porque el monstruo inmobiliario degeneró en movimientos especulativos no sólo de las élites empresariales o económicas sino de los propios ciudadanos. En España, antes de las leyes de Aznar, el metro cuadrado construido costaba aproximadamente 700€ de media, mientras que en 2004, cuando abandonaron el poder, superaba los 1.500€. Se benefició a unos pocos con soluciones a medio plazo, pero soluciones que generaron la crisis social más importante en España desde la Guerra Civil.

La burbuja inmobiliaria: el pilar sobre el que se apoya la estrategia de la derecha

La burbuja inmobiliaria de Aznar fue la verdadera herencia que recibió el Partido Popular en 2011. La crisis actual (por mucho que digan desde Europa que ha finalizado, sigue ahí porque los ciudadanos están en peores condiciones que en 2007) es la principal consecuencia de la orgía especulativa que las medidas del primer gobierno del PP. Sin embargo, dicha burbuja y dicha prosperidad no eran solo un movimiento económico sino que había algo más: la intención de perpetuarse en el poder, la intención de someter a los ciudadanos bajo su ideología, tanto política como económica.

La burbuja inmobiliaria fue la rampa de lanzamiento de una estrategia perfectamente estudiada. El hecho de que en España se creciera económicamente y se creara empleo hacía que la prosperidad de los ciudadanos aumentara. Eso es un hecho y no admite discusión. Sin embargo, ¿a qué precio? Al de la desgracia, el hambre, la miseria y la desigualdad, tal y como estamos viendo en la actualidad.

La falsa prosperidad y la eliminación de la conciencia de clase

La situación económica tras el lanzamiento de la burbuja hizo que se creara una falsa prosperidad en la clase obrera que provocó que muchos trabajadores tuvieran la sensación de ascenso social y un aburguesamiento de las costumbres. La banca, tanto la tradicional como las Cajas de Ahorro, hacían que la clase trabajadora entrara en el consumismo basado en el crédito, además de la posibilidad de tener en propiedad una vivienda, un buen coche, viajes al Caribe, largas vacaciones, etc. No se quiere dar a entender que un trabajador no pueda disponer de una vivienda digna, de un coche o que no tenga derecho a irse al Caribe. Es el trabajador quien más lo merece. Sin embargo, el acceso fácil al crédito por la irresponsabilidad de la banca y los salarios con un crecimiento de un 3% por encima de IPC hacía que el obrero se fuera aburguesando. Ya no eran trabajadores, eran clase media. En España se pagaban salarios a los obreros de la construcción superiores a directores de departamento en otros sectores. En los pueblos de Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha, sobre todo, se podía ver a los trabajadores de la construcción conduciendo coches de alta gama, comprando chalets o llevando un ritmo de vida propio de la clase media-alta. Se lo estaban ganando con sus jornadas de trabajo a destajo. Sin embargo, la derecha logró uno de sus objetivos: la eliminación de la conciencia de clase ante lo que tenían proyectado para el futuro y que trataré más adelante.

Los trabajadores vivieron en una falsa prosperidad que les hizo crearse unas necesidades ajenas hasta ese momento en sus vidas. Habrá quien afirme que la prosperidad estaba ahí, pero nadie en su sano juicio, salvo que pertenezca a aquellos que se convierten en propagandistas de la derecha a pesar de pertenecer a una clase social que jamás será defendida por los conservadores, podía prever que esa situación tuviera una permanencia en el tiempo.

Trabajadores manipulables y sumisos

La falsa prosperidad y los nuevos intereses creados provocaron que muchos jóvenes dejaran sus estudios para empezar a trabajar en la construcción, tanto de viviendas como de infraestructuras. Había demasiado dinero, se veía correr el dinero y los jóvenes buscaban cumplir sus sueños. La consecuencia de esto la tenemos en un 60% de paro juvenil, de jóvenes sin formación ni cualificación.

Las obligaciones adquiridas con las entidades bancarias, tanto en créditos personales como en las elevadas hipotecas provocaban que los trabajadores tuvieran la necesidad de tener un puesto de trabajo para poder hacer frente a las deudas adquiridas. La irresponsabilidad de la banca a la hora de abrir la esclusa, que no el grifo, del crédito dando el mensaje de que había pasta para todo el mundo y para todo causó que muchas familias se encontraran con que el total de deudas superaban el 60% de los ingresos de la unidad familiar, cuando lo lógico es que la totalidad no supere el 35%. Hipoteca, préstamos personales para muebles, viajes o coche, tarjetas de crédito (que las regalaban) eran los recibos a los que tenían que hacer frente cualquier familia absorbida por la falsa prosperidad y su nueva inclusión en la clase media. Cualquier error, cualquier situación sobrevenida era una desgracia porque la prestación por desempleo no cubría el total de las deudas. El miedo a la pérdida del empleo hace que los trabajadores acepten condiciones salariales y laborales que en otras circunstancias no hubieran aceptado. La falsa prosperidad de los tiempos de la burbuja inmobiliaria creó trabajadores sumisos, por un lado, y trabajadores manipulables, dado que la falta de formación y la necesidad hacen que se acepte lo que sea sin cuestionar nada.

La estrategia política y económica del Partido Popular

Cuando Aznar y su Gobierno aprobaron las leyes anteriormente citadas, cuando se empezó a crecer y a crear tanto empleo que llegaron a afirmar desde el Partido Popular que España era la locomotora económica de la Unión Europea, las miradas de los conservadores españoles no estaban en el bienestar de los ciudadanos sino en la puesta en práctica de una estrategia que les perpetuara en el poder en el largo plazo. Ellos eran conscientes de que la economía de un país no podía basarse en un modelo productivo centrado casi en exclusiva en el sector de la construcción y en toda la actividad que arrastra. Ellos ya sabían que la burbuja inmobiliaria en algún momento iba a estallar.

Todo estaba pensado para que la primera legislatura fuera la del despegue. Apoyados por los partidos conservadores nacionalistas legislaron y generaron las condiciones imprescindibles para que la burbuja y la especulación inmobiliaria se convirtieran en el motor de la economía española. Alta creación de empleo, necesidad de importar mano de obra extranjera y generación de esa falsa prosperidad para las clases trabajadoras. Todo ello con el apoyo incondicional de la banca (sobre todo las Cajas de Ahorro que estaban casi en su integridad en manos del propio PP) y de las élites económicas y empresariales.

Una vez lanzado el monstruo pensaron que iban a seguir gobernando durante otras dos legislaturas más, la última (2004–2008) ya con una bajada de la actividad económica y con destrucción de empleo. El propio José María Aznar se arrogaba los méritos y cedía esa presunta última legislatura a su sucesor. Eligió a Mariano Rajoy, el candidato a la sucesión con menos luces y que menos sombra le podía hacer a su legado y que, además, se iba a comer la reducción de la velocidad de crucero de la economía y el aumento del paro. Ese empeoramiento de las condiciones económicas provocaría la pérdida del poder para que el PSOE fuera quien gestionara lo más crudo de la crisis para recuperar ellos el poder en 2012 y volver a relanzar la economía en unas condiciones globales más favorables. Ese era el momento elegido para la aplicación de su ideología ultraliberal con la eliminación del Estado del Bienestar. Machacarían a los ciudadanos, pero ellos quedarían como salvadores de la patria, casi como el Caudillo por la Gracia de Dios.

Sin embargo, las cuentas le salieron mal al Partido Popular. El 11 de marzo de 2004, tres días antes de las Elecciones Generales el atentado contra los trenes de Cercanías de Atocha, Santa Eugenia y El Pozo y los intentos de manipular la información sobre la autoría del ataque terrorista para que no afectara al resultado electoral hizo que los ciudadanos le dieran la espalda al partido ultraconservador español para depositar su confianza en José Luis Rodríguez Zapatero y en el PSOE.  Fue en el gobierno de ZP cuando estalló la burbuja, como ya sabían en el PP. A esto se unió la crisis global con la quiebra de Lehmann Brothers, la crisis de deuda soberana y financiera en la UE. Como era lógico, en 2011 el PSOE perdió las elecciones y el PP llegó al poder con una mayoría absoluta. La situación económica era mucho peor de lo que ellos plantearon en 1996, pero tenían una mayoría absoluta que les iba a permitir imponer ese modelo donde lo público debía ser eliminado para abrir nuevos nichos de negocio para esas élites que les permitieron llevar a cabo su plan sobre la burbuja. La propia banca se beneficiaría de ayudas públicas para subsanar los desmanes que se les permitieron y socializarían las pérdidas que habían sufrido tras el estallido de la crisis.

Lo que los españoles están sufriendo con el Gobierno de Mariano Rajoy es la consecuencia de esa estrategia político-económica de la derecha española, la consecución de los objetivos marcados en el Business Plan. Han logrado crear una bolsa de millones de desempleados que con las obligaciones de deuda particular adquiridas durante la época de la burbuja, tanto hipotecarias como de préstamos personales, se convierte en una bolsa de trabajadores temerosos y dispuestos a aceptar cualquier condición laboral y salarial con tal de no perder algo tan básico como la vivienda. El propio aumento de los desahucios en los primeros años del Gobierno de Rajoy se podría interpretar como una forma de introducir más miedo en las verdaderas víctimas de la crisis. El Partido Popular ha logrado crear una masa de trabajadores manipulables por ese miedo y por la falta de formación de aquellos que dejaron sus estudios para trabajar en la construcción. El ejemplo lo vimos en las Elecciones Generales de 2011: muchos de los que se encontraban ya desesperados por el desempleo y la falta de ingresos se dejaron manipular por un programa electoral falso y votaron por la derecha, precisamente la opción que jamás les va a defender. El condenado a muerte aplaudiendo la subida del verdugo al patíbulo. Han logrado que la clase trabajadora no se enfrente directamente al poder tras los abusos aprobados por ley por el PP. Han logrado derogar derechos sin apenas presión en la calle. Todo ello por miedo. A medida que va pasando el tiempo de gobierno de Mariano Rajoy el Estado del Bienestar se está muriendo. Todo ello como resultado de la estrategia ultraconservadora que comenzó a fraguarse en 1996.

Ya han conseguido que la privatización de servicios básicos como la sanidad y le educación se vea como algo normal por más que los partidos progresistas, tanto los nuevos como los viejos, quieran revertir la situación dado que el PP firmó contratos blindados con constructoras, órdenes religiosas ultracatólicas o empresas en las que dirigentes populares están en sus consejos de administración. También han conseguido normalizar la precarización de los salarios y de los empleos. En Diario16 afirmábamos hace unos días que España ha perdido respecto al comienzo de la crisis 100 millones de horas de trabajo a la semana, un hecho que demuestra que los empleos que se están generando no hacen más que suplir un tercio de lo que antes era un puesto de trabajo digno. Esta depauperación intencionada de las condiciones laborales y salariales también tiene su reflejo en el sistema de pensiones. La imposibilidad de acceder a un empleo con unas condiciones dignas está provocando que el déficit de la Seguridad Social se vaya incrementando y, como consecuencia de ello, el Fondo de Reserva de las Pensiones ya se ha agotado y a nuestros jubilados se les ha tenido que pagar la paga extra del verano pidiendo un crédito.

Mientras las condiciones laborales se van precarizando cada vez más y, por tanto, el Estado pierde capacidad para hacer frente a las pensiones como consecuencia de la estrategia pergeñada en el año 1996, los grandes bancos aumentan su cartera de fondos de pensiones y trasladan a la sociedad que, si no se contratan estos productos, los españoles no tenemos garantizada una jubilación más o menos digna, mensaje que, de manera velada, apoya el propio Gobierno cada vez que comparece Fátima Báñez, por más que quieran hacer ver que con la pérdida de poder adquisitivo lo que están haciendo es garantizar el Sistema cuando, en realidad, es todo lo contrario, es hacer ver que la situación será peor a medida que pase el tiempo.

Mariano Rajoy, José María Aznar, Fátima Báñez, Cristóbal Montoro, Luis de Guindos o Rodrigo Rato han logrado ejecutar una de las joyas de nuestra democracia, un sistema por el que el Estado protegía la dignidad de nuestros mayores para favorecer los intereses privados, del mismo modo en que han hecho con el patrimonio de todos los españoles para entregárselo a las élites que les sustentan. Telefónica, Hidroeléctrica, AENA, son algunos ejemplos. Ahora quieren privatizar las pensiones. ¿Lo siguiente? Piénsenlo.

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