La nota de prensa de la Junta de Andalucía lo presenta como un gran logro de sus políticas de empleo. Así, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha destacado en Málaga que la nueva convocatoria del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPE), prevista para el mes de junio, va a permitir que 10.000 desempleados andaluces puedan acceder a becas mensuales de 430 euros mientras adquieren una nueva experiencia profesional realizando prácticas no laborales. Y “prácticas no laborales” significa que van a ir a trabajar a empresas, unas horas, por las que van a recibir 430 euros sin posibilidad de quedarse en la empresa (no hay nada seguro) y dando mano de obra barata a empresarios que se ahorran todo el capital.

No sólo eso, sino que durante su visita a la Feria de Empleo de la Universidad de Málaga (UMA), Carnero ha informado de que esta nueva convocatoria del programa, que ha sido modificada mediante una orden reguladora que se publicará en BOJA este mes de mayo, introduce importantes cambios como el aumento de la beca que reciben los beneficiarios durante su periodo de prácticas no laborales, que ha pasado del 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) hasta alcanzar el 80%, lo que supondrá una aportación mensual de 430,27 euros. Esto es, la explotación de los trabajadores y las trabajadoras no va a ser tanta, pues han subido un 5% de la miseria. Una cantidad que, por hacer cursos de formación, o buscar un empleo con cierta constancia te la dan con otras formas de trato a los parados y paradas.

En esta nueva orden de la base reguladora, previa a la convocatoria que saldrá en junio, también se han introducido la necesidad de que las personas beneficiaras sean dadas de alta en la Seguridad Social durante sus prácticas no laborales, y se ha ampliado de seis meses hasta un tramo de entre tres y nueve meses el periodo en el que podrán realizar esta experiencia profesional. Vamos, el empresario gasta unos 20-30 euros por trabajador para explotarle laboralmente durante nueve meses. Un parto explotador que es amparado por la administración andaluza.

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio ha subrayado la apuesta del Gobierno andaluz por este programa de prácticas (decir explotación laboral no queda bien), en el que se van a invertir 30 millones de euros en los próximos dos años y con el que se trata de romper “el círculo vicioso en el que están atrapados algunos jóvenes, que pese a ser la generación mejor preparada, sin experiencia profesional previa no encuentran empleo, y sin empleo no adquieren experiencia previa”. Precisamente los jóvenes más preparados, según las estadísticas del INE no son los que más problemas tienen para encontrar empleo (así sea precario), sino aquellos que no están preparados y aquellas personas mayores de 40-45 años. Un programa encaminado a la explotación de personas valiosas es lo que esconde esta propuesta.

Javier Carnero, por otro lado, ha animado asimismo a los jóvenes universitarios a visitar el expositor del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la feria y conozcan todos los recursos que están a su disposición no solo durante el desarrollo del evento, “sino el resto del año, ya que disponemos de la mayor red de servicios de empleo con 195 sedes y 400 unidades de orientación del programa Andalucía Orienta, con un millar de técnicos a su disposición”. Pues si lo que pretenden es explotarlos, mejor que acudan a una empresa de trabajo temporal que, igual, con suerte obtienen más dinero por prestar sus servicios. Una vez más la administración pública, en este caso la andaluza, vende algo que no es más que explotación oculta, aprovechándose de una crisis que se ven incapaces los políticos de cerrar.

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