La decisión de la jueza que instruye el accidente del Metro de Valencia de sentar en el banquillo de los acusados a ocho directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) por el accidente que costó la vida a 43 personas el 3 de julio de 2006 ha sido recibida con “satisfacción” por las víctimas y familiares del fatal siniestro. “Estamos muy contentos; lo que ha dicho la juez es lo que venimos diciendo nosotros desde hace años. Que la responsabilidad no debía quedarse solo en el conductor, sino que debía extenderse a los directivos de la empresa que tomaban las decisiones”, asegura a Diario16 Rosa Garrote, presidenta y portavoz de la Asociación Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J).

Tras el auto de Nieves Molina, titular del Juzgado de Instrucción Número 21 de Valencia, los responsables de FGV están más cerca de sentarse en el banquillo para responder a las preguntas sobre lo que ocurrió aquel día y si es cierto que se desoyeron informes técnicos que alertaban de las supuestas deficiencias en la curva fatídica en la que descarriló el convoy, cerca de la estación de Jesús.

La resolución de la jueza es consecuencia de la lucha infatigable de las víctimas y familiares de los fallecidos y heridos, que tras largos años de constantes movilizaciones y campañas en medios de comunicación han conseguido que el caso no termine archivado en un cajón de los juzgados valencianos y que la Justicia llegue hasta el fondo de la investigación. Garrote insiste en que desde el Comité de Seguridad de Circulación de FGV se había denunciado en reiteradas ocasiones que aquella “maldita curva” era un punto peligroso en la red de líneas del Metro valenciano. “No corrigieron las deficiencias, no lo hicieron, por lo que hubo una responsabilidad en el accidente de aquellos que tomaban las decisiones”, afirma Rosa Garrote. En un primer momento de la investigación se dejó fuera a los cargos de FGV pero tras las declaraciones de algunos imputados, que dieron nombres y apellidos y señalaron a sus superiores como supuestos responsables, finalmente la Justicia ha tenido que reabrir la causa, según recuerda la asociación AVM3J. Con todo, al haber transcurrido más de 10 años desde el siniestro, la acción penal habría prescrito respecto a todas aquellas personas cuyos nombres no habían aparecido hasta ahora y que pese a ostentar puestos de responsabilidad ya no tendrán la obligación de declarar porque no se les podrá imputar.

“Nosotros siempre dijimos que había que ir más allá en la investigación y ese momento ya ha llegado”, añade Garrote, que perdió a su hermana en el accidente y quien recuerda que los sindicatos llevaban tiempo alertando de que la curva en la que se produjo el accidente no estaba en condiciones óptimas. Así lo habían hecho constar los representantes de los trabajadores en un listado de puntos negros que al parecer nadie tomó en consideración. En aquellas denuncias de las organizaciones sindicales se hablaba también de la necesidad de asumir mayor protección mediante la instalación de señales de aviso y alerta y de limitación de velocidad en algunos tramos.

“Llevamos años reclamando, luchando, peleando; la pérdida de un ser querido es algo que no se puede olvidar. Pero ayuda mucho a pasar página saber que por fin se va a hacer justicia”, alega la portavoz de la asociación valenciana, que asegura que resultaba una “carga psicológica dura y difícil de llevar” saber que “los verdaderos culpables del accidente podían quedar impunes”.

La jueza Nieves Molina procesa a los ocho ex directivos de FGV tras la orden de la Audiencia Provincial de Valencia de reabrir el caso. Molina ha dado por concluida la investigación de un siniestro que costó la vida a 43 personas y heridas a otras 47, y ha procesado, entre otros, a la que fuera gerente de Ferrocarils de la Generalitat Valenciana (FGV), M.G., y a otros siete directivos de la compañía, entre ellos directores de operaciones, talleres, auditorías, explotación de la línea y comité de seguridad, según informa Europa Press.

Ahora el auto da un plazo de diez días al fiscal y a los abogados de las partes para que aleguen si procede seguir adelante con la causa o debe ser archivada. La magistrada asegura en su resolución que ha tomado la decisión de abrir la investigación “vinculada” por la orden de la Audiencia Provincial, una causa que la propia jueza había archivado en varias ocasiones, según la citada agencia de noticias.

La mayoría absoluta del Partido Popular valenciano permitió cerrar la primera comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente y por momentos parecía que la Justicia iba a dar carpetazo al caso, enterrándose así la posibilidad de conocer la verdad sobre las causas del descarrilamiento y de exigir responsabilidades. Las víctimas se consideraron olvidadas y despreciadas (pese a que siguieron manifestándose cada semana sin bajar los brazos) hasta que el escándalo estalló en el programa Salvados de Jordi Évole, que reactivó las diligencias en el juzgado de instrucción. Ahora, la decisión de la jueza de instrucción ha dado la razón a los afectados.

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