Según los datos de la Cámara Venezolano-Española de Industria y Comercio (CAVESPA), en la actualidad hay 98 empresas españolas establecidas o desarrollando proyectos en Venezuela. Según ICEX España Exportación e Inversiones son 69 las sociedades españolas operando en territorio venezolano. Muchas de ellas han tenido que «pasar por caja» para lograr esos proyectos o las licencias de actividad correspondientes, es decir, que tuvieron que pagar comisiones por las intermediaciones de personas, abogados o empresas —tanto españolas como venezolanas— ante las autoridades de la República Bolivariana. De esos pagos fueron beneficiarios, principalmente, Rafael Ramírez, ex ministro de Energía y ex presidente de PDVSA, y su red societaria que incluía a familiares —como su cuñado Baldo Sansó e, incluso, su esposa Beatrice Sansó—, altos cargos del gobierno, como es el caso de Nervis Villalobos, abogados y empresas asesoras tanto españolas como venezolanas que funcionaban como conseguidoras y que crearon una red de sociedades interpuestas en paraísos fiscales o en países con sistemas de tributación «amables» para cerrar los tratos y mover el dinero de esas comisiones.

Según relató el Wall Street Journal, en el año 2.006, varios empresarios españoles del sector de la construcción dispuestos a concursar en una licitación de un proyecto energético de 1.500 millones de dólares. Se les anunció que serían recibidos por Rafael Ramírez. Sin embargo, cuando llegaron «a la suite presidencial del JW Marriott Hotel en Caracas, quien los recibió no fue Ramírez sino su primo, Diego Salazar» quien, al dirigirse a los empresarios, fue directamente al grano: debían pagar, al menos, 150 millones en sobornos porque, «si no, deben regresar al aeropuerto». Unas veces se exigían sobornos, otras veces comisiones que se imputaban en el precio final del contrato, es decir, que las pagaba el pueblo venezolano.

Este hecho no quiere decir que las empresas españolas estén actuando ilegalmente por el pago de estas comisiones, un proceso que es habitual cuando se quiere entrar en un mercado empresarial extranjero, aunque en casos como el de la asturiana Duro Felguera, nos podemos encontrar con que una parte de esos pagos variables no aparecen en las cuentas de la compañía. Hay más casos que ya analizaremos en su momento. Se parte de la base de que empresas como Repsol, Elecnor, Acciona, Telefónica, ACS, Iberdrola, Iberia, Ilunion (ONCE), Inditex o Técnicas Reunidas, por citar algunas de las multinacionales españolas más importantes, no están pagando sobornos a ministros, altos cargos, empresas asesoras o intermediarias o bufetes de abogados para lograr contratos o licencias de actividad en Venezuela.

Lo importante de esos variables, mayoritariamente legítimos, es que las cantidades se imputaban en el coste total de los contratos firmados con el Gobierno de la República Bolivariana y, por tanto, era pagado por todo el pueblo venezolano. El resultado más directo de estas prácticas, legales para las empresas españolas porque, en general, están reflejadas en sus cuentas, es que todos esos altos cargos que actuaban bajo el paraguas de Rafael Ramírez se enriquecieron a través de redes societarias en países como Hong Kong, Luxemburgo, Suiza, Andorra o Estados Unidos (Florida y Delaware).

Todos estos venezolanos que se enriquecieron con estas actitudes corruptas, con estos tratos de favor y tráfico de influencias, tenían que sacar esos millones de dólares de Venezuela. Tras la muerte de Hugo Chávez en 2.013, gran parte de ese dinero llegó a España y, junto con él, todos aquellos que se enriquecieron, sobre todo por el miedo existente a que Nicolás Maduro sustituyera la «corte» del general por la suya propia, algo que resultó cierto dado que «el heredero» comenzó a sustituir personas claves en la organización del régimen por leales suyos capitaneados por Diosdado Cabello, un antiguo militar que representa el rostro duro del «madurismo».

El primero en caer fue el hombre que acumulaba más poder tras Hugo Chávez, Rafael Ramírez, ex presidente de la petrolera estatal PDVSA, la enorme fuente de la que manaban millones de dólares que se repartían entre él y sus socios a su antojo. Ramírez fue definido como un hombre «con el corazón en la izquierda, pero con la billetera llena en la extrema derecha». Una vez caído Ramírez, todos sus socios, asesores, abogados y empresarios que intermediaban en las gestiones buscaron un destino para aterrizar y lo encontraron en Madrid, donde comenzaron a adquirir inmuebles de alto valor y objetos de lujo que exhibían sin pudor ni elegancia. Se convirtieron en asiduos clientes de los restaurantes más caros de la capital en los que destacaron por el elevado consumo de champán francés a doscientos euros o más la botella. El propio Ramírez, durante su estancia en Nueva York o en sus visitas a España se caracterizó por un gusto exacerbado por los mejores Château Pétrus, vinos que cuestan miles de dólares por botella. Todo ello con el dinero que desfalcaron al pueblo venezolano que ahora está pasando por necesidades vitales.

Incluso alguno de ellos invirtió en medios de comunicación en lo que se ha interpretado como un intento de protegerse y de paso como elemento de proyección social.

Esta entrada y circulación masiva de dinero ha alertado a algunos empresarios españoles tras comprobar cómo se alteraban al alza los precios de algunos inmuebles y negocios en venta ya que los propietarios del dinero chavista no empleaban mucho tiempo ni esfuerzos en adquirir lo que le interesaba rompiendo las reglas del mercado establecidas e incluso generando dumping. Todo ello en medio de la gran crisis que sufrían los españoles en 2013 y 2014, que sigue en la actualidad, y que acabó con decenas de miles de empleos y generando un subempleo ya crónico.

Este lujoso aterrizaje no es nuevo. Antes lo hicieron en Miami en donde sus movimientos son seguidos de cerca por la organización «Venezolanos perseguidos políticos en el exilio» (Veppex), que hace públicos todos sus extraordinarios movimientos.

El ansia de saqueo de estos corruptos venezolanos —y algunos españoles que tenían cargos en PDVSA o que utilizaron sus empresas como intermediaras en distintos tipos de operaciones— no se paró sólo con sociedades españolas. También en Italia hay algún caso, como el de la petrolera ENI que tiene acuerdos con PDVSA. Curiosamente, el cuñado de Rafael Ramírez, Baldo Sansó, no reside en Madrid, sino en Italia, país que está investigando el entramado societario Chisholm, algo que también están haciendo Canadá y Estados Unidos.

En un artículo anterior ya expusimos cómo se movían estas redes y cómo utilizaban a sociedades intermediarias, algunas presididas por ciudadanos españoles, a la hora de captar su interés en Venezuela. Estas empresas, además, intermediaban entre las sociedades españolas y asesoraban a las autoridades venezolanas, es decir, a este grupo de corruptos, es decir, que facturaban de las dos partes.

En la operación que se le propuso a un empresario español para la compra de un medio de comunicación venezolano, El Universal, el inversor principal iba a ser el propio Rafael Ramírez quien, junto con Baldo Sansó, un importante abogado y una empresa española que asesoraba a Ramírez en operaciones financieras fuera de Venezuela en países como Panamá, Islas Caimán, Luxemburgo, Andorra y Hong Kong. Esta operación no se cerró, como ya indicamos en Diario16. Sin embargo, sirvió para generar contactos que posteriormente fueron aprovechados por alguno de los socios y por la empresa asesora para que el abogado y socio de Ramírez hiciera operaciones de compraventa de sociedades una vez establecido en España tras su fuga de Venezuela, que, según una querella criminal interpuesta en Madrid, sirvieron para, presuntamente, blanquear capitales y cometer delitos fiscales contra la Hacienda Pública.

Esta aparente impunidad de estos venezolanos corruptos afincados en España puede cambiar teniendo en cuenta la situación penitenciaria de otro de los hombres que se benefició de la corrupción venezolana bajo el amparo de Rafael Ramírez: Nervis Villalobos. Si llegara a un acuerdo con la Fiscalía —además de las demandas documentales y testimoniales contra ciudadanos venezolanos y españoles involucrados en esta trama de PDVSA para ser presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción española y la Fiscalía General estadounidense, según ha podido saber Diario16—,  y cuenta todo lo que sabe podemos ser testigos de una nueva diáspora de corruptos venezolanos. Ramírez ya se ha instalado en Mónaco…

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