Hace ya años que, aunque no se hablaba de la situación, sin embargo el Mar menor estaba siendo violado constantemente. Hasta que ha llegado el momento que la ingente cantidad de vertidos, han hecho que este lugar turístico, esté colapsado por contaminación, con síntomas de grave degeneración de un ecosistema. Hay que recordar que las toxinas liberadas por las algas, provocan la muerte de otras especies.

Se habla de proliferación de algas toxicas por la falta de seguimiento urgente y constante. Y 18 años después de los primeros avisos, la cosa veremos a ver, si tiene remedio.

Es necesario conocer las causas, como son la acumulación de residuos orgánicos, ya que actuaciones sobre estos, servirán para prevenir que sucedan otra vez este tipo de catástrofes medioambientales.

No podemos echarle la culpa solo a los agricultores o/y al modelo de producción, agrícola, diciendo que requiere desaladoras que contaminan. Ya que si hubiera el agua trasvasada de otras cuencas no haría falta la utilización de otros recursos hídricos, como desaladoras particulares y/o explotación de acuíferos. El problema también es urbano.

A tenor de este desastre echo de menos en esta región las voces civiles que reaccionen contra la gestión del siniestro. Recuerdo el año 2002, cuando un derrame de petróleo en Galicia, provocado por el hundimiento del buque petrolero Prestige, surgió la plataforma “Nunca Mais” y a través de ella miles de personas, y mediante  movilizaciones por todas las ciudades gallegas reclamaban que Galicia fuese declarada “zona catastrófica”  y se activasen las ayudas económicas para recuperar la zona, limpiar el vertido tóxico y compensar a los sectores afectados en una zona de tradición marítima. ​ De igual modo, se pidieron condenas para los responsables del Prestige y medidas preventivas para evitar futuros desastres, pues ya hubo antes otros accidentes petroleros como el Urquiola (1976) y el Mar Egeo (1992).

En Murcia,  el Partido de Garre, “Somos Región”  ha sido el pionero en solicitar que esta hecatombe medioambiental, que sufre el Mar Menor, sea una cuestión de Estado, (que por cierto, se empiezan a sumar otras voces). Y es que es obligación de los Estados proteger y preservar el medio marino, establecida por el artículo 192 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.  Así mismo, la Constitución española en su artículo 45, indica que “los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad, colectiva, y para quienes violen lo dispuesto en el apartado”.

“Nunca Mas” como reacción popular, se necesitaría ahora en nuestra región, para reivindicar un tratamiento gubernamental, que esté a la altura de la desgraciada situación.

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