Tal y como decíamos ayer, el diario digital El Confidencial ha publicado un artículo en el que se puede entrever que Emilio Saracho no tiene intención de asumir toda la responsabilidad de su nefasta gestión de los 4 meses escasos en que ocupó la presidencia del Banco Popular, una gestión que terminó con una declaración de inviabilidad comunicada al MUR —en concreto a Danielle Nouy— en una carta con una firma que no fue signada por quien dice ser el firmante y que será analizada por peritos caligráficos si el juez Fernando Andreu admite la solicitud de peritaje emitida por un despacho de abogados de Barcelona que representa a algunas de las 305.000 familias arruinadas en el Caso Banco Popular.

Según el artículo se produjeron varias llamadas telefónicas en momentos clave de la operación de rescate del Santander entre Ángel Ron y Luis de Guindos, por un lado, y Emilio Saracho y el actual vicepresidente del Banco Central Europeo, por otro.

En una de esas conversaciones entre Emilio Saracho y Luis de Guindos, el presidente del Popular le comunicó al ex ministro de Economía los 36.000 millones de euros que el banco tenía garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos. Saracho conocía esa cantidad por el correo electrónico recibido por él y por Miguel Escrig en los días previos a la intervención. ¿Pretendió extorsionar Saracho a De Guindos? En esas fechas el Popular ya había recibido las ofertas de ampliación de capital de Deutsche Bank y de Barclays, la oferta de compra de WiZink e, incluso, la oferta de Antonio del Valle de hacerse cargo él solo de una ampliación de 2.500 millones, según cuenta el mexicano. ¿Qué pretendía Saracho con esa amenaza velada a De Guindos? ¿Acaso intuyó que, del mismo modo en que él engañó a Del Valle y Calderón, los que le hicieron el encargo de liquidar al Popular le iban a responsabilizar de todas y cada una de las presuntas irregularidades que cometió en su gestión? Hay que recordar que en esas fechas se cerraba la Operación Washington que se inició un año antes en Dresde y que De Guindos estuvo en Chantilly (Virgina, EE.UU.) reunido con Ana Patricia Botín.

En el artículo de El Confidencial se hace mención a la posible existencia de una serie de grabaciones que implicarían directamente a Luis de Guindos. Esto debería tener preocupado tanto al ex ministro de Economía como a Emma Navarro, el primero por su presunta implicación directa en toda la operación de rescate del Santander, y la segunda porque fue ella, desde su puesto de Secretaria General del Tesoro y de Política Financiera, la responsable del cambio de criterio de Economía respecto al plan de negocio del Popular y su consiguiente paralización. Recordemos que esta estrategia había sido aprobada y tenía todas las bendiciones tanto del Banco de España como del Banco Central Europeo, tal y como publicamos en Diario16. ¿Esas grabaciones demostrarían, como lleva Diario16 denunciando desde hace meses, cómo sí hubo información privilegiada a las administraciones públicas que retiraron sus depósitos tras la apertura por el FROB del proceso de intervención el día 3 de junio?

Las grabaciones de las conversaciones con Luis de Guindos en las que, presuntamente, demostrarían que el exministro estaba enterado de todo lo que ocurrió, hecho que al equipo de investigación de Diario16 no sorprende, podrían estar en manos del propio Saracho o de personas cercanas a él. El mero hecho de la existencia de esos documentos, ya sean grabaciones de audio, ya sean vídeos, no sólo debería tener preocupado a Luis de Guindos, sino al propio Santander, principalmente a su presidenta, Ana Patricia Botín, y al ínclito Francisco Javier García-Carranza Benjumena, tal y como ya publicamos ayer. Si Saracho, y su perro, pasan al ataque y cuentan todo lo que saben la señora Botín pasará a tener un grave problema, no sólo ante la Justicia, sino ante el mercado.

Ante todo este escenario, ¿qué hace la clase política? Dar vueltas para no ver perjudicada su financiación e inventarse falsas razones de Estado para encubrir lo ocurrido. En las intervenciones en la Comisión de Investigación, casi todos los grupos parlamentarios (del PP nada se puede esperar) realizan preguntas que van orientadas a buscar la responsabilidad política pero no a buscar una solución para las 305.000 familias afectadas. Sólo Podemos, a través de los diputados Alberto Montero y Rafael Mayoral, han mostrado preocupación por los afectados. Del Gobierno nada se puede esperar porque Rajoy ni sube ni baja y, por supuesto, de Román Escolano, hombre de Luis de Guindos, los afectados nada pueden pedirle porque defenderá a su mentor.

España es diferente y única porque, si los afectados del Popular tienen que esperar a que el perro de Saracho hable para recuperar su dinero, se demuestra que nuestro país es un Estado fallido.

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