El viernes tuvo lugar una reunión que puede cambiar la vida de muchas personas y parejas españolas que desean tener descendencia mediante el sistema de la adopción internacional. Mónica Silvana se reunió con diversas asociaciones de adopción internacional para tratar el problema al que se enfrentan día a día, mes a mes, año a año. A la reunión también acudieron las diputadas Carlota Merchán y Sonia Ferrer como responsables de cooperación e infancia del Grupo Parlamentario Socialista respectivamente.

En dicha reunión, Mónica Silvana dejo constancia que “es urgente y necesario impulsar un cambio en el modelo actualmente existente en España para garantizar que existan  protocolos con garantías con los países de origen de los menores, como hacen muchos de nuestros vecinos europeos”. Y ha exigido al Gobierno que “afronte esa reforma del sistema de adopciones” que, entre otras cosas, “debe permitir una participación más activa de los Organismo Autorizados para Adopción Internacional”.

La responsable socialista no ha querido olvidar el propio sistema estatal de adopción y ha subrayado en la reunión con asociaciones  “la necesidad de establecer y lograr  un fomento real y en plazos cortos del acogimiento permanente y la adopción nacional, dado que actualmente permanecen más de 13.500 niños en centros residenciales por la administración, mientras somos uno de los países con más baja natalidad y uno de los últimos en adopciones resueltas”. La portavoz de infancia en el Congreso, Sonia Ferrer ha  destacado como “prioritario  impulsar los derechos de los niños migrantes no acompañados que llegan a España y de los apátridas, regularizando ágilmente su situación y fomentando su acogimiento  o bien su adopción”.

Silvana ha exigido al Gobierno de España “una actitud proactiva y responsable en este asunto que haga efectiva la mejora de la protección a la infancia, y permita, además, que muchas familias vean cumplido su sueño de ser padres. Para ello es fundamental un mayor esfuerzo económico para dotar de personal especializado y recursos materiales a los ministerios de Sanidad, Exteriores y Justicia, así como a las comunidades autónomas. Esto, con la actual Ley 26/2015, que establece que no puede suponer aumento del gasto público, es inviable”.

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