El chantaje a Pedro Sánchez comenzó desde la primera sesión de control al Gobierno después del verano cuando Albert Rivera, alteró el orden del día para poner sobre la mesa la tesis doctoral del presidente del Gobierno sabiendo de antemano que no existía en ella ningún indicio de responsabilidad penal.

A la tesis encuadernada de Pedro Sánchez se podía acceder en la misma sede de la Universidad Camilo José Cela y era evidente que alguien lo hizo antes de que Rivera exigiera en el Congreso de los Diputados su publicación digitalizada.

Cualquiera que hubiera tenido acceso a la tesis encuadernada podía comprobar que en la misma no había plagios. La Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) dice que es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, siempre que su inclusión se realice a título de cita, en la medida justificada, indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.

La tesis doctoral de Pedro Sánchez recoge en su bibliografía hasta 158 referencias que incluyen tanto los títulos de los textos como los nombres de los autores de los fragmentos de obra que incluye, aunque los textos no aparezcan entrecomillados.

En cualquier caso, tienen que ser otros los que valoren si las citas se han hecho o no de manera justificada, teniendo en cuenta además que resulta muy difícil que alguien pueda sentirse perjudicado por la forma en que sus obras han sido citadas en una tesis doctoral que no ha sido ni editada ni digitalizada.

Y esa precisamente fue la razón por la que Albert Rivera chantajeó al presidente del Gobierno exigiéndole la publicación de su tesis doctoral, buscando posibles perjudicados.

Pero para eso se necesitaba un cebo.

Al día siguiente de que Albert Rivera alterara el orden del día en la sesión de control al gobierno para exigir a Pedro Sánchez que publicara su tesis doctoral, el diario ABC, bajo el titular ‘Así «plagió» su tesis Pedro Sánchez a otros autores’ ofreció en exclusiva fragmentos de otras obras que dijo que fueron copiadas a otros autores a los que el presidente del Gobierno no citó. En la reseña del periódico de ese día 13 de septiembre se dice expresamente que: el periodista “pudo constatar que hay fragmentos de la tesis de Sánchez (presentada en 2012) copiados a un artículo de Julio Cerviño y Jaime Rivera (publicado en noviembre de 2007). Entre otras irregularidades, Pedro Sánchez utilizó unas diapositivas del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) que explicaban la imagen de las empresas españolas en Estados Unidos. Copió y pegó varios puntos de forma literal, sin entrecomillar”.

La acusación de «plagio» es la imputación de un delito contra la propiedad intelectual del artículo 270 del Código Penal, que castiga al que con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero plagie en todo o en parte una obra sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

Si la imputación es falsa, entonces es la misma acusación de «plagio» la que se convierte en delictiva, castigando el artículo 205 del Código Penal como calumniosa la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.

Por esa razón, en un comunicado de prensa del Palacio de la Moncloa de ese mismo día 13 de septiembre se anunciaba que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emprendería acciones legales si no se rectificaban las informaciones periodísticas que le acusaban de haber cometido plagio – que no hay que olvidar que es un delito – en su trabajo de investigación.

No obstante, en la mañana del día siguiente, 14 de septiembre, el presidente del Gobierno de España sucumbía al chantaje y publicaba en la web de la base de datos Teseo, del Ministerio de Educación, su tesis doctoral.

Entretanto, servicios informativos de distintos medios audiovisuales pudieron consultar la tesis en la sede de la Universidad Camilo José Cela, incidiendo especialmente en las 17 páginas de la bibliografía y comprobaron que los autores y las obras cuyos textos decía el ABC que estaban plagiados sin embargo sí que aparecían correctamente citados en el trabajo de investigación de Pedro Sánchez.

A lo largo de la mañana del día 14 de septiembre se hizo pública la digitalización, lo que permitió corroborar que no había evidencia alguna de que Pedro Sánchez hubiera cometido un delito de plagio en la elaboración de su tesis doctoral.

El artículo 32 del TRLPI dice expresamente que es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, siempre que su inclusión se realice a título de cita, en la medida justificada, indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. En ninguna parte del texto legal se exige que el texto o fragmento citado tenga que entrecomillarse.

Por esa razón, la actuación conjunta de Ciudadanos y distintos medios afines obligando al Presidente del Gobierno de España a que hiciera pública su tesis doctoral era un chantaje. La producción y creación literaria, artística, científica y técnica es un derecho fundamental protegido en el artículo 20 de la Constitución Española, y la decisión de publicar o no estas obras y creaciones forma parte de ese derecho, sin que sea legítimo que nadie pueda verse compelido a la publicación o divulgación digitalizada de sus trabajos o investigaciones si no quiere hacerlo.

Ese requerimiento de publicación de la tesis doctoral de Pedro Sánchez tenía dos objetivos, en primer lugar, el intento de asimilación con el caso de los másteres de la Universidad Rey Juan Carlos para crear un estado de opinión que forzara al presidente a dimitir y convocar elecciones, el único interés que tiene Albert Rivera, además de acusar a Sánchez de haber atentado contra lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual (TRLPI) desconociendo que la eficacia del derecho de cita no se corresponde en ningún caso con el Derecho Penal, toda vez  que resulta incompatible la existencia del delito de plagio con la utilización o no de las comillas en la delimitación de los textos o fragmentos citados. En segundo término, Rivera demuestra que no tiene capacidad para realizar una oposición ética y digna a un gobierno que está realizando bien su trabajo.

La imputación que asimila el «plagio» a la simple inexistencia de entrecomillado en las citas de un trabajo de investigación debe ser reputada como calumniosa.

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