El pasado viernes Diario16 publicó en exclusiva cómo el Banco Popular, a través de una carta firmada de modo correcto por el CEO Ignacio Sánchez-Asiaín, solicitaba liquidez de urgencia tanto al Banco de España como al Banco Central Europeo al mismo tiempo en que el FROB recibía las ofertas de compra para el Popular mientras en Frankfurt estaba siendo intervenido. Ese movimiento da a entender cómo se estaba jugando en dos vertientes: por un lado, la operación de rescate al Santander y, por otro, la de guardar las formas.

El objetivo de la operación era, desde el primer día, la venta por un euro del Popular al Santander y para eso se contrató a Emilio Saracho y por eso éste contrató a Uría y Menéndez en el mes de febrero para llevar a efecto el «Proyecto Noya» que no era otra cosa que provocar una situación límite al Popular para forzar la intervención y así lo hicieron desde ese mes hasta el día 6 de junio.

Los movimientos eran tan opacos que, tal y como publicamos en este medio en el mes de noviembre, se estaban realizando operaciones paralelas entre altos directivos del Banco Popular y del Banco de Santander con una oferta por parte de la entidad cántabra que oscilaba entre los 3.500 y los 3.000 millones, unas negociaciones que estaban a punto de cerrarse el día 6 de junio, un precio muy bajo teniendo en cuenta que la valoración del Popular estaba cercana a los 11.000 millones de euros.

La negociación que abre Saracho, además de ser una «presunta» gestión privilegiada es, fundamentalmente, un engaño a los ejecutivos, directivos y a la gran mayoría de miembros del Consejo de Administración del Popular, de ahí el enfadode Antonio del Valle y de otros consejeros y altos ejecutivos que estaban trabajando en las negociaciones de venta en exclusiva con el Santander en los últimos días después de que la retirada masiva de depósitos de las Administraciones influyeran en la retirada de otros interesados nacionales. Las ofertas de los bancos internacionales —Barclays y Deutsche Bank— las ocultaban Saracho y Uría. ¿Cuánto habrían pagado por el Banco Popular de haberse comunicado las ofertas abajo detalladas?

Esta maniobra se implementó con el fin de relajar a los consejeros y directivos desviando su atención, engañarlos dejándoles creer que sus operaciones bajistas les darían beneficios e, incluso, un mayor posicionamiento ante la entidad compradora. Mientras tanto, Uría y Menéndez, el Santander, De Guindos y Saracho continuaron con la operación diseñada con la JUR, el FROB, el BCE, el Gobierno de Mariano Rajoy, etc.

Emilio Saracho, con el asesoramiento de Uría y su espuria actuación, seguía ocultando documentos y cumpliendo con las instrucciones, estrategias y ejecuciones de las maniobras para las que le habían contratado por una súper millonaria cantidad.

Esta era la estrategia de Saracho y del Santander. Esas negociaciones con la entidad cántabra se produjeron como una distracción que ocultara lo que estaba realmente ocurriendo. El Santander era el único banco con el que se podían abrir esas falsas negociaciones, sobre todo teniendo en cuenta todo lo ocurrido en los días previos.

Como hemos venido publicando en Diario16, la noche del día 2 de junio, se decidió que el Popular iba a ser intervenido, hecho que se ratificó el sábado 3 en la reunión entre el FROB, la JUR y el Popular y la puesta en marcha del Proyecto Hipócrates. El Santander ya sabía que se haría con el Popular en la semana siguiente. La petición de ofertas por parte del FROB a las cinco principales entidades españolas, la apertura de la virtual data room —un hecho que no tenía sentido porque el Santander ya disponía de todos los datos—, el planteamiento de un cronograma que al BBVA le pareció corto de tiempo y por eso solicitó más tiempo para poder analizar toda la información, tiempo que le fue denegado, demuestran que todo estaba cerrado y que era el final de la operación de rescate al Santander. Sin embargo, había que seguir manteniendo las formas y, por esta razón, se seguían manteniendo esas negociaciones entre altos directivos del Popular y el Santander.

Además, hay que tener en cuenta dos escenarios en los que se puede comprobar que el Santander no tenia intención alguna de hacerse con el Popular. El primero, es la comunicación al mercado en la mañana del 6 de junio de una ampliación de capital de 7.000 millones. El segundo, es la ruptura unilateral de esas negociaciones ese mismo día, hecho que molestó enormemente a los altos ejecutivos que estaban negociando y que buscaban un precio adecuado para el Popular más allá de los 3.000/3.500 millones ofrecidos por los cántabros.

Ninguno de los protagonistas de la operación pensaron que llegaran las ofertas que llegaron desde el día 3 de junio, exactamente el mismo día en que el FROB y la JUR determinaron que el Popular tenía que ser intervenido. Recordemos que ese día de junio el Banco Popular tenía a su disposición:

  • una ELA de 2.000 millones de euros, además de otros 3.500 millones de liquidez de urgencia que hubiese obtenido si Saracho hubiera presentado todas las garantías de las que disponía el Popular
  • una oferta de compra de WiZink por 2.500 millones (una operación por la que el Santander ha ganado 600 millones),
  • una oferta de ampliación de capital de Barclays de 4.000 millones,
  • una oferta de ampliación de capital de Deutsche Bank de 4.000 millones,
  • una oferta para vender TotalBank por 535 millones (que el Santander vendió por 70 millones menos).

Todas estas ofertas fueron ocultadas al Consejo de Administración por Emilio Saracho y su equipo más cercano. Por tanto, fueron el Santander y Saracho quienes desactivaron cualquier solución para el Popular, algo que, además, no pudo ocurrir si no hubiesen tenido apoyo de las instituciones económicas tanto de las dependientes del ministerio de Economía (Banco de España, CNMV, FROB) como las europeas (BCE, JUR).

¿Qué valor hubiera tenido el Popular si Saracho hubiese cumplido con su deber y hubiera comunicado a la CNMV a través de un Hecho Relevante todas esas ofertas? 10.000 millones de veces más de lo que pagó el Santander por él. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, en primer lugar, hubiera tenido que suspender la cotización del Popular, algo que hubiese paralizado las operaciones bajistas. En segundo lugar, el Popular habría tenido viabilidad y, por tanto, no estaría en posición de likely to fail. En tercer lugar, no se habría arruinado a más de 305.000 familias. Si la CNMV piensa que al informar de que el presidente del Popular tenía la obligación de haber presentado hechos relevantes al recibir la documentación, que lo desmienta y lo denuncie públicamente. Si no es así, que asuma su responsabilidad ante los graves perjuicios ocasionados a los 305.000 accionistas.

No hay que dar muchas vueltas, está muy claro como siempre y como demuestran los documentos de esos días, porque arruinaron a 305.000 familias de forma presuntamente ilegal como consecuencia de una presunta estafa. Ante todo esto es incomprensible ver cómo la mayoría de los bufetes de abogados, teniendo ante ellos documentación e información suficiente sobre todas estas maniobras no actúan con una mayor diligencia denunciando a los verdaderos responsables de esta «Operación Diabólica» porque sólo actuando de este modo los 305.000 arruinados obtendrán justicia.

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