Emilio Saracho, según las cláusulas de su contrato, tenía un seguro de responsabilidad (D&O) en el que, según un correo enviado el día 5 de junio a las 16.39 por Francisco San Miguel Barbón, abogado del despacho de referencia del Santander, Uría y Menéndez, incluía, entre otras cosas, la siguiente cláusula: «Banco Popular se obliga a concertar y mantener a su cargo una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra las responsabilidades contractuales y extra contractuales con terceros que pueda contraer el señor Saracho como consecuencia de las actividades propias de sus funciones, conforme a la práctica habitual del Banco respecto a los consejeros ejecutivos. Dicha póliza de seguro cubrirá las responsabilidades asegurables y habituales según las prácticas del mercado que, en el ámbito antes citado, pueda contraer el Sr. Saracho (sean o no empleados de Banco Popular) que realicen actividades bajo la dependencia o por encargo del Sr. Saracho». Este correo fue reenviado por Joaquín Hervada a Saracho el mismo día a las 16.51.

La firma de este tipo de seguros es habitual. La póliza se firmó con la aseguradora Chubb que, tal y como reconoce el propio Hervada en el correo que remitió a Saracho el día 7 de junio, es el mismo asegurador de los directivos y administradores del Santander.

El 7 de junio Emilio Saracho fue destituido por el Santander a las 12 de la mañana. Sin embargo, a las 14.44 Joaquín Hervada le envía un correo al ya ex presidente en el que dice lo siguiente: «Nos pregunta Willis [el corredor de Chubb] si queremos activar el run off, lo han visto y parece que no tienen problemas. Los aseguradores son los mismos del Santander».

Aquí encontramos una contradicción con las instrucciones recibidas desde Uría y Menéndez el día 2 de junio cuando se cerró el plan de acción de cara al «Día R». En ese documento, ya publicado por Diario16, se insistía en que, para evitar una fuga de documentación sensible del Popular, una vez que los miembros del Consejo, los administradores o las personas con poderes que fueran destituidas de sus funciones dejarían de tener acceso inmediatamente tras la destitución de cualquier herramienta del banco, incluido el correo electrónico. Sin embargo, tanto a Saracho como a Hervada se les permitía seguir utilizando su e-mail corporativo.

Que a Saracho se le permitiera activar el run off, es decir, que el seguro sigue cubriendo a los asegurados por un tiempo establecido una vez que el banco ha cambiado de dueño es un agravio comparativo con el resto de consejeros, exactamente igual que ocurre con la utilización de las herramientas de correo corporativas.

Además, Joaquín Hervada informa a Saracho de que existe la posibilidad de pagar una prima superior (que lo pagó el Popular) para incrementar las coberturas. A esta oferta Saracho respondió si eso se podía hacer aún. Esa ampliación de la prima del seguro tendría que ser autorizada por el Santander y sería irregular y un indicativo de la protección a Saracho ya que el hecho de que el seguro le libere de los gastos de defensa jurídica hace comprensible que haya contratado a unos abogados carísimos porque el límite de ese seguro oscilaría, según lo habitual en el mercado, entre los 80 y los 100 millones de euros.

 

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