Domingo 4 de junio de 2.017. Emilio Saracho, entonces presidente del Banco Popular, remitió una carta a la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), en la que, de manera indirecta, intentó frenar la subasta porque la entrada de otros candidatos podría ser negativa para el banco presido por Ana Patricia Botín.

Entre otras cosas, Saracho vio cómo la operación en favor del Santander se ponía en peligro ya que, el plan de subasta de la JUR, podría permitir que otras entidades pudieran presentar una mejor oferta que las de la entidad presidida por Ana Patricia Botín. Ese era el verdadero miedo que existía y que propició el envío de la carta. No se podía permitir que el Popular cayera en manos de alguien que no fuera el Santander.

Por esta razón, en la carta hay un párrafo en el que Saracho incide en que hay que poner el banco en situación de resolución, «que finalmente se hizo», afirmaba la carta.

Si ponemos esta comunicación entre Saracho y König en el contexto de aquellos días y de los hechos que se sucedieron desde el viernes anterior, día 2 de junio, hasta el día de la resolución, nos daremos cuenta de cómo toda la operación tembló con la decisión de la JUR de abrir un proceso público de subasta porque, por más que Saracho afirmara que podía llegar a una solución privada en esos días, él sabía por el feedback recibido por JP Morgan que no iba a ser posible, ya que el banco americano de inversión, tras tener conocimiento de que el FROB acababa de dar por iniciado el proceso de resolución y subasta pública a través de las comunicaciones a las cinco entidades españolas, estuvo llamando a los principales responsables bancarios de este país para intentar convencerles de que el Popular debía ser vendido y no intervenido. El día 3 de junio, Saracho ya sabía que nadie iba a aceptar la solución privada que en la carta informaba que podría alcanzar. Por tanto, se inició el miedo a que los nombres que habían sonado como candidatos (Bankia, BBVA, CaixaBank), además del Santander, pudiesen presentar una oferta mayor que la del banco presidido por Ana Patricia Botín, lo cual hubiera supuesto el incumplimiento de sus objetivos.

El día 2 de junio, Saracho recibió las instrucciones de Uría y Menéndez a la hora de comunicar la inviabilidad del Popular, además del plan de acción para el «Día R». La noche de ese mismo día, la JUR convoca una reunión a través del correo encriptado de Elke König, encuentro en el que se decide poner en situación de resolución al Popular. El día 3 de junio el FROB, a través de Arcano y Jeffereis, se remite a las cinco principales entidades españolas la convocatoria a la subasta pública y el calendario por el que el día 6 de junio se resolvería al Popular y que a la 1.00 debería adjudicado al banco que entregara la mayor oferta. El día 4 de junio Saracho envía la carta a Elke König en la que le dice que «además de los riesgos significativos que implicaría el sondeo, no esperaría ningún rendimiento significativo en cuanto a la identificación de candidatos verdaderamente interesados capaces de competir». Por tanto, Saracho intentó frenar la subasta porque podría resultar que toda la operación que se inició en 2.015 para que el Santander se hiciera con el Popular finalizara con la entonces sexta entidad española en manos de un banco de la competencia del presidido por Ana Patricia Botín.

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