El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) solicitan una solución a los problemas estructurales en torno a la situación de solicitantes de protección internacional en el Puesto Fronterizo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde se han cuadriplicado las solicitudes de asilo en el último año; y exigen a los poderes públicos que garanticen los derechos de las personas que solicitan asilo.

Ambas entidades señalan que, pese a tener capacidad para ochenta personas, las dependencias de la Terminal 1 del aeropuerto de Madrid-Barajas se han visto desbordadas ante las peticiones de protección internacional, especialmente durante los meses de julio y agosto. Además consideran como “inadecuadas las instalaciones”, debido al deterioro de las mismas, “y el personal asignado”.

Asimismo, el Colegio de Abogados de Madrid y CEAR consideran que la situación lejos de mejorar irá a peor, puesto que “en los últimos meses no se ha dado una respuesta adecuada a la situación”, a pesar del notable esfuerzo realizado por todos los agentes implicados en esta situación (Organismos internacionales, Organizaciones especializadas, Organizaciones civiles, abogados, interpretes, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Magistratura, etc). No obstante, señalan algunos de los problemas estructurales que actualmente persisten:

Confusión en la asignación letrada (abogado de oficio, particular, organizaciones), sin comprobar la opción elegida por el solicitante de asilo.

Falta de información y notificación a los abogados sobre las resoluciones dictadas o las notificaciones de las denegaciones de protección internacional, así como del momento en que se produce la devolución de los solicitantes de asilo a sus países de origen.

Dificultades para coordinar la presentación de los reexámenes.

Por ello, los abogados de Madrid y CEAR emplazan a los poderes públicos a ofrecer una “respuesta adecuada a este desafío” a través de “la colaboración estrecha de todos los agentes implicados para definir el rol de cada uno” de ellos en estos procedimientos a fin de “garantizar la legalidad y el escrupuloso respeto de los derechos de todos los solicitantes de protección internacional”.

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