De momento parece que ni en el Gobierno tienen claro si va a haber un impuesto a diésel o no. Un impuesto que, dicen (aunque con tanto “si pero no” nunca se sabe), en ningún caso afectaría a los profesionales. Esto es a transportistas, agricultores o ¿taxistas? Sólo al resto de la ciudadanía. Un impuesto que se enmarca dentro del desarrollo de la transición ecológica hacia transportes menos contaminantes. Muy loable esfuerzo que pone el carro antes que los bueyes y afecta directamente a la clase trabajadora a quien, supuestamente, un gobierno del PSOE debería defender y apoyar.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, dijo ayer que el impuesto al diésel era un “globo sonda” justo en el mismo minuto que el presidente Pedro Sánchez decía que sí lo iban a subir. Sería bueno que se pusiesen primero en el Gobierno de acuerdo para luego pasar a presentar la subida de impuestos. También es malo que el gobierno se dedique a lanzar “globos sonda” para actuar, porque siendo un gobierno bonito de tecnócratas deberían tener estudios y consciencia cualitativa de lo que hacen. Para lanzar “globos sonda” vale casi cualquiera que haga populismo y demagogia. Aunque dejando esta contradicción a un lado (denota la gran improvisación de quienes gobiernan y que la reunión de Quintos de Mora sólo ha servido para tomarse una cañas y hacerse unas fotos), la subida del impuesto al diésel demuestra que el Gobierno no analiza globalmente la situación real de España.

Justo ahora que existe un debate muy curioso sobre la preeminencia de la clase trabajadora o la diversidad del sujeto de cambio, el Gobierno pretende toar una medida que afecta a la ciudadanía en tanto en cuanto clase. Es cierto que los vehículos que se mueven mediante hidrocarburos, la gran mayoría, contaminan más que los que utilizan la electricidad. Al menos mientras ruedan. Y sería lógico que la mayoría de las personas que tienen en posesión medios de transporte más contaminantes pasasen a utilizar otro tipo de vehículos, Una transición energética necesaria… pero muy costosa. Y ahí, en el coste es donde vienen todos los problemas.

En primer lugar, el diésel lo pagan igual quienes son ricos y quienes no. Es un impuesto que, por tanto, incide mucho más en los bolsillos de quienes menos tienen. Y vista la estadística del INE donde el salario moda es de apenas 1.000 euros, no parece muy lógico que a esa clase trabajadora y a esos autónomos, que en un 46% no llegan al mileurismo, se le suban los impuestos aún más. Porque con un salario sumamente bajo es complicado que puedan hacer una transición energética. Y si tienen vehículos diésel es porque gasta un poco menos que el de gasolina y así van ahorrando.  Las personas no prefieren el diésel por una cuestión estética sino económica.

En segundo lugar, y derivado de lo anterior, el Gobierno debería preocuparse antes que nada en mejorar las condiciones de la clase trabajadora, no de subirle los impuestos. Unas condiciones que como muestran los datos estadísticos del propio gobierno son de una temporalidad enorme, de una alta rotación y de un paro estructural sumamente profundo. Los bueyes antes de la carreta, la mejora de las condiciones laborales y económicas de la clase trabajadora antes que la transición ecológica de los vehículos. Porque subiendo los impuestos y obligando a cambios lo que puede conseguir el gobierno es que la mayoría de la clase trabajadora se quede sin vehículos.

En tercer lugar, la clase trabajadora es la que más se mueve en transporte público en las grandes ciudades, pero España no sólo son grandes núcleos urbanos. También hay mucho núcleo rural o semiurbano donde el coche resulta fundamental para cuestiones tan “normales” para un urbanita como ir al hospital, ir a comprar o simplemente ir al cine. Es cierto que en muchas ciudades dormitorio se utiliza el coche para ir al centro comercial, pero en los pueblos de España no se hace por gusto y por cuestión fetichista, sino por necesidad muchas veces. Y el Gobierno parece que sólo piensa en términos de Ciudad y no de Pueblo.

Transición energética sin duda, pero antes deben darse las condiciones necesarias para llevarse a cabo. Y hoy en día esas condiciones no se presentan en España porque la gran mayoría de la población, que es la clase trabajadora de la O del PSOE, está en precario. Y no tiene pinta de que vaya a mejorar su situación de aquí a unos meses. Por eso subirle el diésel, o cualquier otro impuesto indirecto, no hace sino menoscabar su capacidad económica. Primero los bueyes (la clase trabajadora) y luego la carreta (la transición ecológica), si no se quiere generar una pobreza de transporte. Aunque, por cierto, el elemento más contaminante en el mundo es el mantenimiento de la nube (Internet y demás derivados), igual impuestos a Google, Facebook y demás sería mucho más igualitario.

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