Sorpresa en los ámbitos de la Justicia por el cambio que ha experimentado el Tribunal Supremo respecto al pago de los impuestos por los actos jurídicos de las hipotecas. En su sentencia de hace tres días el Tribunal Supremo exponía que debían ser los bancos o entidades financieras las que debían asumir esos costes. En buena lógica eran ellas las que establecían el acto jurídico en sí respecto al hipotecado. Todo ello por una denuncia de Izquierda Unida de Rivas-Vaciamadrid y otras que se sumaron. Se había logrado con esa sentencia acabar con cierta impunidad de las entidades financieras que cargaban todos los gastos, incluyendo los propios, a quienes solicitaban una hipoteca.

En la bolsa, ese sistema de especulación financiera que suelen vender desde el establishment como un mecanismo de ahorro, cayeron todas las entidades financieras. El mercado especulativo retiraba el dinero por una sentencia contraria y rápidamente cundió el miedo entre las cúpulas directivas. Curioso que por unos pagos del 1% por hipoteca y que, en algunos casos, la sentencia permitía no devolver las cantidades (de 1.400 a 2.500 euros en su mayoría), el “mercado” se revolviera y provocase un dolor de cabeza a los directivos financieros. La clase trabajadora había logrado una victoria en los tribunales y esto sí que suponía una afrenta. Ya dijo Warren Buffett, uno de los mayores especuladores mundiales, que había lucha de clases y la suya iba ganando. La fracción financiera no podía permitir una victoria dentro de esa lucha de clases. Y actuó con rapidez para revertir la situación.

Ayer mismo el Tribunal Supremo remitía una nota donde decía que iba a revisar su sentencia para hacer una valoración económica de la misma. Algo que no puede llevar a cabo porque carece de esa competencia. Tal y como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 18 “las sentencias se ejecutarán en sus propios términos [y] sólo podrán dejarse sin efecto en virtud de los recursos previstos en la Ley”. Esto es, que una vez establecida sentencia debe ejecutarse según se ha establecido, sin importar las consecuencias económicas, como es que las entidades financieras bajen en bolsa. De hecho, antes de dictar sentencia cualquier juez establece ciertas precauciones, que por eso se llama Justicia y no venganza. Por tanto el Tribunal Supremo desoye la propia ley que le hace funcionar para plegarse a los deseos de la fracción financiera de la clase dominante. Fracción que es la dominante en el bloque en el poder que se conforma como clase dominante.

Des Izquierda Unida, como es obvio, han saltado contra la medida que ha expuesto el Tribunal Supremo y, en boca de su responsable federal de Justicia e Interior, Enrique Santiago, ha denunciado que “ha bastado que la banca proteste 24 horas contra esta sentencia para que el Tribunal Supremo, servilmente, adopte esta cuestionable decisión”. Cierto el servilismo que vuelve a mostrar que la separación de poderes o la dominación de clase, es más fuerte que la Justicia. Porque la revisión alegal que quieren realizar tiene repercusión económica para una parte, los poderosos. La otra parte, la clase trabajadora, que saldría beneficiada al poder recuperar un dinero expoliado con malas artes, parece que no tiene derecho a le devuelvan su dinero. Una Justicia que, como sucede en otros casos, siempre se vence en favor del dinero.

Luis María Díez-Picazo, presidente del TS, tiene vínculos con la banca.

El presidente de la Sala IIIa del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, ha sido el muñidor del giro tomado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Obligando a que la decisión sea tomada por los 33 magistrados de la Sala y no sólo por los seis que han sentenciado. El presidente hace años publicó un libro, La criminalidad de los gobernantes (Tecnos), donde, aprovechando la conspiración contra Felipe González, expresaba que la corrupción y el gobernar mal dañaban a la sociedad. No podían ser criminales los gobernantes como decían los maquiavélicos, no podían ponerse de parte y debían servir a toda la sociedad. Igual ha olvidado esas palabras y esas reflexiones que expuso en su libro, porque lo que ha hecho él es ponerse de parte precisamente. Y la Justicia es un poder que debe ser tan puro como el gobierno legislativo y ejecutivo.

Lo que levanta más sospechas aún, no sólo por las presiones que se han podido recibir desde otros poderes o directamente, que Díez-Picazo es profesor en Cunef que está vinculado a la Asociación Española de Banca (AEB). Por tanto no es su posición en este caso imparcial, sino más bien todo lo contrario. Como profesor asalariado de uno de los lobbies de la banca debería haberse abstenido de intervenir en favor de las entidades financieras. Díez-Picazo, de esta forma, está tomando parte por la fracción financiera y en perjuicio del bien común. Un bien común que favorecía a la clase trabajadora. En cuanto la AEB denunció lo mala que era la sentencia, el presidente del Tribunal Supremo salió a defender a sus “jefes”. De esta forma se corrompe de igual forma a como denunciaba en su libro.

Una vez más la clase dominante, en ese bloque en el poder que domina el sistema, ha conseguido mediante las relaciones que tiene con el Estado, volcar a la Justicia en su favor y contra la clase trabajadora. Una muestra más de que, pese a lo que nos quieren vender algunos partidos de izquierdas, la lucha de clases sigue muy presente en el día a día. Especialmente cuando lo que está en juego es el beneficio y la usura consentida de unos pocos. Precisamente la fracción que tiene la dominación sobre las otras fracciones en el bloque en el poder. Una vez más las entidades financieras ganan y se las rescata de una forma u otra. Y la clase trabajadora mientras enredada en debates subalternos.

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