Las medidas aprobadas el pasado viernes por el Gobierno para combatir la pobreza energética suponen un tímido avance, apenas un parche a un gigantesco problema al que se enfrentan más de 4,5 millones de personas que no pueden poner la calefacción en invierno porque no disponen de ingresos suficientes para pagar la factura a final de mes. El decreto aprobado por el Gobierno, que amplía el bono social, establece que no se podrá cortar el suministro eléctrico por impago a ningún hogar en que viva un menor de 16 años, ni a una persona con una discapacidad del 33 por ciento o más, ni a un enfermo dependiente de grado 2 o 3. ¿Pero qué pasa con esos cientos de miles de personas que no cumplen tales requisitos y no pueden poner la estufa o la calefacción? ¿No tienen el mismo derecho a no morirse de frío que cualquier otro ciudadano? “Las modificaciones introducidas en el bono social son insuficientes porque siguen excluyendo a personas y familias en situación de pobreza, que no pueden permitirse el mantenimiento adecuado de su vivienda”, asegura UGT. Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera “insuficientes” las medidas anunciadas por el Gobierno sobre el bono social, y aunque “van en la buena dirección, se quedan cortas o muy cortas”, ya que no llegan a todas las familias que realmente lo necesitan.

En general, todos los agentes sociales –tanto sindicatos como oenegés y asociaciones de usuarios– consideran urgente que se empiece a trabajar ya en un Plan Estratégico Nacional contra la pobreza energética en el que se introduzcan medidas estructurales que permitan una actuación integrada para erradicar esta lacra estrechamente unida a la desigualdad. Y ahí es donde está la clave de la cuestión. ¿Qué clase de plan integral debería adoptar un Gobierno para terminar con un problema que solo afecta a sociedades tercermundistas y que se cobra 7.000 muertes anuales en nuestro país? Los expertos y economistas de ideología más progresista creen que para combatir la pobreza energética habría que aplicar algunas ambiciosas medidas que chocarían de lleno contra los intereses de las grandes compañías eléctricas.

Para empezar, y con carácter urgente, el Gobierno debería prohibir que las empresas suministradoras corten la luz a los clientes morosos que no pueden pagar la factura sin realizar antes un estudio pormenorizado para comprobar si la familia en cuestión se encuentra en situación de especial vulnerabilidad. Pese a las normativas y decretos como el dictado por el Consejo de Ministros el pasado viernes los cortes de luz por las bravas, drásticamente, se siguen repitiendo por cientos cada día en nuestro país. Hasta la fecha solo Cataluña ha dictado normas en este sentido, por lo que sería una buena idea implantar la medida también a nivel nacional. La ley 24/2015 de la Generalitat catalana establece el conocido como “principio de precaución”, que ordena que antes de cortar la corriente energética en un hogar que no pueda pagar el recibo de la luz los servicios sociales de ese ayuntamiento deben realizar un informe preceptivo sobre la situación de las personas que viven en el domicilio. Mediante este procedimiento el Govern ha conseguido que no se corte el suministro a al menos 39.000 familias. Por descontado, las grandes multinacionales no quieren ni oír hablar de ese protocolo de actuación que permitiría ahorrar mucho sufrimiento a los hogares en situación de vulnerabilidad.

Pero el cascabel que ningún gobierno quiere ponerle al gato es sin duda la necesidad de imponer un “impuesto social” a las principales compañías eléctricas (dirigidas por cierto por políticos que entran y salen de ellas a través de las famosas puertas giratorias). Estas empresas que ganan 9.470 millones al año y que reparten el 88 por ciento de sus dividendos entre los socios accionistas disfrutan de uno de los negocios del siglo. Numerosos expertos y algunos partidos como Podemos creen que no estaría de más que el Gobierno les impusiera un canon, impuesto o tarifa especial para que destinaran parte de esos jugosos beneficios –mediante el hermoso principio de la responsabilidad social corporativa–, a echar una mano a la población que más lo necesita. Invertir una parte mínima de sus ganancias en condonar la deuda a las familias que no pueden pagar el recibo y no cobrar los reenganches tras los cortes de luz en los domicilios sería una medida eficaz, no solo un parche. La tarifa social energética ya ha sido aplicada con éxito en Portugal, donde los descuentos se aplican de forma automática a los beneficiarios en su factura, sin necesidad de solicitarlos ni de ningún tipo de bono como el que se ha implantado en España. La “tasa social” permitiría recaudar un buen pellizco que resolvería, sin duda, buena parte del problema de la pobreza energética.

Tampoco estaría de más que de una vez por todas España atendiera a las directivas de la Unión Europea de 2009, que urgen a los países miembros a garantizar el suministro eléctrico básico de toda la población. Dejar de especular con el precio de la energía sería el primer paso para caminar hacia un sistema más justo. Para ello las cinco grandes multinacionales españolas deberían ponerse de acuerdo en la fijación de un precio mínimo para aquellas personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad o de exclusión social pero hablar de ese pacto entre multinacionales, a fecha de hoy, es como hablar de ciencia ficción, de modo que tal medida solo podría aplicarse por decreto. Lo malo es que hasta ahora ningún Gobierno ha tenido el valor de plantarle cara a las grandes empresas del sector. Las puertas giratorias siguen teniendo demasiado poder.

Terminar con los lobby de presión al Gobierno para imponer sus intereses sobre los de la ciudadanía y prohibir las visitas de esos molestos comerciales de empresas privadas que van de puerta en puerta por los domicilios de las familias más vulnerables para tratar de convencerles de que cambien su contrato con empresas reguladas (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor, PVPC) por otras con servicios que no necesitan y que aplican tarifas bastante más caras serían otras dos herramientas eficaces.

Por último, UGT ha criticado que en su recién firmado decreto el Ejecutivo haya añadido al bono social eléctrico uno nuevo, el “bono social térmico”, que se aplica de forma automática al contar con el primero. Para el sindicato, hubiera sido más fácil “ampliar el bono social en lugar de crear una nueva figura que puede llevar al consumidor a una mayor confusión”. Y es que se ha comprobado que la burocracia genera más pobres energéticos.

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