La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha asistido en Madrid a la Conferencia Sectorial de Igualdad, un encuentro del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con los organismos autonómicos responsables de las políticas de igualdad de género. Tras la reunión, en la que se han abordado, entre otros aspectos, las transferencias a las comunidades autónomas para la asistencia integral a víctimas de violencia de género, Sánchez Rubio ha lamentado la «hipocresía de un Gobierno central que por un lado se compromete a firmar un Pacto de Estado y por otro congela la partida presupuestaria para las víctimas», que en 2017 se mantendrá en los cinco millones establecidos el año anterior.

El Gobierno central mantiene un recorte en el presupuesto destinado a políticas de igualdad y violencia de género, en su conjunto han perdido un 16% desde 2011 en los Presupuestos Generales del Estado, acumulando 97 millones de euros menos de inversión en ambos programas.

Para la consejera, un Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia de Género «debe suponer un compromiso de consenso atemporal y al margen de toda ideología», y ello implica también «una apuesta presupuestaria fuerte, que garantice la prevención y mejore la protección de las víctimas». En este sentido, Sánchez Rubio ha recordado la propuesta andaluza incluía la consideración de esta lacra como un tipo de terrorismo, con «toda dotación presupuestaria y de recursos que ello supone». Junto a ello, el documento andaluz también contempla iniciativas urgentes como la suspensión del régimen de visitas para los maltratadores o la privación al agresor de la patria potestad como pena principal en los casos de asesinato, entre otras.

Sánchez Rubio ha insistido en la importancia de generar en la sociedad una cultura de rechazo ante la violencia de género y el machismo que la perpetúa, y por ello ha recordado que la propuesta andaluza de Pacto de Estado propone la formación obligatoria en igualdad de género en todas las etapas educativas y en todos los sectores profesionales.

La consejera ha lamentado la demora de la firma del pacto, un asunto «que debiera ser de máxima urgencia», por lo que ha pedido que el Gobierno central acelere los consensos para su aprobación.

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