Cuando en estas columnas se habla de clase dominante se sobreentiende que dentro de esa clase dominante existen fracciones de clase que pelean entre ellas en algunas ocasiones, según la lógica del capitalismo, aunque tengan siempre unos presupuestos comunes que son los que imponen como acción de clase e ideología dominante. En esas peleas entre distintas fracciones siempre hay una que se hace dominante frente a las demás, en solitario o en alianza con otras fracciones, y acaba imponiendo algunas de sus preferencias. En España se puede decir que la fracción dominante es la fracción financiera en estrecha alianza con la fracción servicios del Estado. Utilizando nombres de manera simbólica, domina España la alianza Ana Botín-Florentino Pérez (por eso se corrió a salvar a la banca y a privatizar servicios cuando la crisis de 2008). Ayer se explicó que estaban preocupados por la caída en la tasa de beneficio de la particular acumulación de ambas ramas, hoy cabe explicar algo que ha pasado casi por alto en estos tiempos de pandemia, como son las zancadillas de la fracción financiera sobre la acción de Gobierno vía créditos ICO o avales a los autónomos.
Estos días atrás numerosas organizaciones empresariales, especialmente las relacionadas con las medianas y pequeñas empresas, se han quejado de que la banca no estaba haciendo lo debido y ordenado por el Gobierno para la concesión de los créditos para la reactivación económica mediante el Instituto de Crédito Oficial. La patronal catalana Pimec, por voz de su presidente Josep González, salió a denunciar que se estaba aprovechando el sector financiero para incluir intereses abusivos (6%), la obligación de contratar productos complementarios (como seguros de vida), la tardanza en recibir el dinero (cuando el Gobierno ya ha depositado las cantidades), más las típicas comisiones de la banca (que es donde sacan unos buenos réditos). Unas cantidades destinadas a la reestructuración de la deuda, lo que dicho en otros términos, para salvar el parón de actividad sin hacer peligrar el dinero acumulado, pero que se están utilizando en algunos casos para otras cuestiones que poco o nada tienen que ver con la finalidad del dinero público. Porque ese es el tema, un buen montante para la esa reestructuración es dinero público que la banca utiliza para hacer negocio, no como mero soporte al carecer el Estado de banca pública, y tomando decisiones sobre la no concesión más allá de las prerrogativas que tienen como agentes. Lo curioso es que esos créditos se están utilizando para salvar las cuentas de resultados de la propia banca por las cancelaciones de mora anterior.
Desde la banca dicen que la culpa es del ICO que hace un segundo chequeo de las solicitudes aprobadas, desde el ICO que el dinero llega poco a poco (más de 40.000 millones han dado ya), pero persiste una gran duda sobre la actuación de la banca y la aprobación o no en primera instancia de esos créditos. Porque no todo el dinero es público sino que una parte es de las propias entidades financieras con el aval del Estado y hasta la fecha se habla de falta de dinero público, pero se calla sobre el dinero que las entidades financieras deberían poner (el BCE lo está prestando a 0% de interés). Curioso que sólo se cargue contra la acción del Gobierno y no contra la actuación de determinadas entidades (no todas están trabajando de igual forma). Bien es cierto que las trabas burocráticas con todo el país parado han complicado la situación, desde el Ministerio de Economía se ha sido excesivamente garantista para una situación excepcional sin valorar que muchas instituciones públicas cerraron como debía ser. Pero ya nada sorprende de la mujer de negro de la Troika. Hasta dentro del propio PSOE se han oído voces críticas con esta situación provocada por Nadia Calviño (y no, no tienen nada que ver con supuestas peleas con Podemos). Lo curioso es que en realidad el ICO sólo revisa los créditos por encima de los 50 millones, los inferiores son revisados una vez concedidos. Entonces ¿por qué tantas quejas contra el Gobierno en la prensa si son los propios bancos los que otorgan casi el 80% de los créditos directamente? Aten cabos y vuelvan al titular de este artículo.
El caso es que la fracción financiera está aprovechando para torpedear todo lo posible la acción económica del Gobierno. Y para hacer negocio con esa supuesta mala praxis. O ¿piensan que las noticias negativas sobre trabas burocráticas y nada dicho sobre la concesión ya de 40.000 millones de euros son producto de la casualidad? Estando la fracción dominante por medio nada es casualidad. Fíjense en la siguiente noticia de ayer mismo. “Santander se la juega: concede crédito sin aval a sus clientes rechazados por el ICO”, un titular que supone un palo al Gobierno y propaganda para el banco Too Big To Fail (Demasiado grande para caer), o lo que es lo mismo un banco sistémico al que si hay que regalarle el Banco Popular para sanearse se hace (el Banco Sabadell se salvó por poco de ser puesto en saldo por el Gobierno de Mariano Rajoy y Luis de Guindos). Como el Gobierno es malo, ya que pone trabas burocráticas y no aprueba los créditos, la señora Botín en un alarde de generosidad asume el coste de una posible mora a medio plazo para contentar a sus clientes (buena parte conseguidos por el robo del Popular). Lo curioso es que el redactor, avispado en estas lides, mete una coletilla que dice mucho: “El Santander se ha visto en esta tesitura a consecuencia de la carrera entre los bancos por solicitar cuanto antes los créditos avalados por el ICO para evitar la pérdida de clientes (e incluso para quitárselos a la competencia)”. El texto en negrita es fundamental y señala el camino de la mala publicidad contra el Gobierno (salvo en el caso de las PYMES que han protestado con razón). La cantidad de dinero en publicidad del banco Santander, por ejemplo, y su control de un medio de comunicación (El País) le hacen sospechoso de ciertas críticas económicas que se vienen vertiendo. No sólo porque no le guste el Gobierno de coalición (Pedro Sánchez nunca fue del gusto de la madrina financiera), sino porque haciendo campaña contra el Gobierno puede hacer la suya como si fuese la Robin Hood del mundo financiero.
La fracción financiera y su aliada de servicios son los que más se juegan en esta pandemia y por ello no tienen el menor rubor en hacer caer a las PYMES y autónomos siempre y cuando su tasa de beneficio se mantenga. Por ello nada mejor que apoyar campañas contra la acción económica del Gobierno, tienen al sinsorgo de Pablo Casado para situarse como adalid de la misma de forma casi gratuita (manteniéndole en el machito de Génova), para culparle de la mala praxis de las propias entidades financieras y así hacer negocio doble: aumento de beneficios con la que está cayendo y destrucción del Gobierno para la convocatoria de unas nuevas elecciones para ver si sale lo que siempre quisieron (PP-Cs o PSOE-Cs), ya que los dirigentes de las principales formaciones políticas rechazan lo que es el orgasmo esperado por la clase dominante, la Gran Coalición. Dinamitar los instrumentos con los que cuenta el Gobierno, desde dentro (el Estado no es inerte a las luchas entre fracciones de clase o entre clases) o desde fuera, para imponer su única visión, incluso a los empresarios medianos y pequeños. 100.000 millones a la espera de ser repartidos para salvar la economía, especialmente la de autónomos y pequeños empresarios, que son controlados en su mayoría por la fracción financiera que no los concede pero dice que es el Gobierno el que pone trabas. Y están, en algunos casos, esperando las grandes cantidades de la Unión Europea (o IV Reich alemán) para reindustrializar España. La banca siempre gana se suele decir y bajo la pandemia también lo pretenden a costa de llevarse por delante lo que haga falta.
Post Scriptum. Hablando de fracciones de clase, en Madrid la fracción constructora tiene algo que decir, por eso Isabel Díaz Ayuso insiste en liberalizar todo el suelo posible (lo que en términos analíticos se llama acumulación por desposesión de lo público) para que los ladrilleros vuelvan a generar una burbuja especulativa y las grandes obras públicas de los “compi-yoguis”. ¿Quiénes pagarían la fiesta? Sí, la ciudadanía madrileña (con una deuda actual del 100% del presupuesto regional). No piensen que los políticos hablan por hablar, o dicen algunas cosas porque son poco listos, en las cuestiones materiales todos tienen un amo que les dice lo que tienen que decir, la clase dominante.
