Mientras la “expoliante” legislación creada por el PP para apoyar a sus otrora barones regionales siga en vigor sólo cabe esperar que la responsable ministerial ejerza su poder de decisión para no secar el río Tajo. Como diputada electa por Madrid, la ministra en funciones Teresa Ribera debería ser consciente del daño que los trasvases por debajo de cuota de agua embalsada de referencia. Por si no lo recuerda el río pasa por la región madrileña y el año pasado provocó en Aranjuez, por ejemplo, problemas ecológicos. Lo mínimo que se puede esperar de un Ministerio para la Transición Ecológica, además de abroncar a las personas por no reciclar, o hacer dieselazos, o estar todo el día de flower power, es procurar que tener poder sirva para mejorar el ecosistema.

Ayer mismo, día del Medio Ambiente para mayor escarnio, se supo que el ministerio que ostenta Ribera, gracias al informe presentado por Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), ha autorizado el trasvase en junio de 2019 de 20 hm3, constatándose que el agua embalsada en Entrepeñas y Buendía es de 639,6 hm3, muy por debajo del volumen de referencia mínima que es de 673 hm3. ¿Esto qué significa? Que el PP introdujo en la legislación, para favorecer a sus dirigentes territoriales y sus feudos partidistas, la posibilidad de trasvasar agua aunque los embalses estén por debajo del mínimo. O dicho de forma más rotunda, la capacidad del gobierno para secar embalses y ríos si les place.

El año pasado en Castilla-La Mancha ya se observó cómo este método de trasvasar agua provocó numerosos problemas a los ecosistemas del río Tajo, además de provocar una plaga de algas con el peligro de insectos que de ello se deriva. Se quejó en su momento Emiliano García-Page y ayer lo volvió a hacer. El presidente manchego ha asegurado que solo pide una cosa al Ejecutivo de Pedro Sánchez en esta legislatura en materia medioambiental; esto es, “coherencia” para con los planteamientos de un Gobierno que ha recibido “un voto mayoritario” con un planteamiento “claramente ecologista” y que “tiene que asumir” que el trasvase Tajo-Segura “no tiene nada de ecológico”. Dejar con restricciones de agua a los castellano-manchegos, mientras en Alicante, Murcia y Almería disfrutan del agua del Tajo sin arreglar y sin utilizar toda la potencia de las desaladoras existentes, es un claro caso de dejadez política por parte de los responsables territoriales que no quieren asumir el aumento del coste del agua. Porque es más barato saquear el Tajo que poner a pleno rendimiento las desaladoras por el mayor coste del agua.

Ya se llevó a los tribunales europeos algunos trasvases “ilegales” y se le dio la razón a la Junta de Castilla-La Mancha. En esta ocasión, según nos cuentan fuentes desde el Palacio de Fuensalida, no quedará más remedio que volver a acudir a los tribunales europeos para ganar la batalla del agua. García-Page no se ha negado a ceder agua, pero siempre y cuando sobre en la región, a la par que ha animado a utilizar las fuentes alternativas. Hasta han llegado a saquear pozos subterráneos de la provincia de Albacete para enviar agua a Murcia. De ahí que cueste entender que la ministra, que debería ser consciente de las consecuencias de trasvasar por debajo del límite, no haya paralizado la transferencia de aguas. Es una decisión administrativa, en base a un estudio y que lo posibilita la legislación, pero en su mano está, sin caer en la prevaricación, el no autorizar el trasvase porque hay sentencias condenatorias de la UE.

Parece que la ciudadanía castellano-manchega, por ser menos numerosa, por no estar gobernada por el sanchismo, por no se sabe bien qué, es despreciada cuando se juega con sus recursos. “Para este caso del nivel 3, el artículo 1 del citado RD 773/2014, de 12 de septiembre, indica los valores umbral mensuales de reservas conjuntas en los embalses de Entrepeñas y Buendía que definen el nivel 3 y, asimismo, establece que en esta situación el órgano competente podrá autorizar discrecionalmente y de forma motivada un trasvase de hasta 20 hm3/mes” dice la legislación. Queda claro que hay libertad de autorizar o no si se llega al nivel 3. Por tanto no hay excusa para no actuar en pro del bien común. Mientras se seca el Tajo y se producen alteraciones en el ecosistema. Mucho New Green Deal de la burguesía bohemia pero la ciudadanía manchega a pasarlas canutas.

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